Con cuestionamientos a las asignaciones para los sectores de la salud y educación, este 17 de noviembre se desarrolló en la Asamblea Nacional el debate sobre la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que asciende a $ 33.899,73 millones, y la Programación Cuatrianual 2022-2025.

Tras seis horas de discusión, se sometió a votación el informe que recomendó observar la proforma planteada por el Gobierno, el cual fue aprobado con 94 votos a favor y 37 abstenciones.

Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, expuso los detalles del informe que contiene observaciones y requerimientos para el Ejecutivo. La parlamentaria sostuvo que, de acuerdo con el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, hasta que se apruebe el PGE del año en que se posesiona el nuevo presidente de la República regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior.

Sin embargo, dijo Pazmiño, la proforma de 2022 toma como referencia, para establecer las asignaciones, los montos del presupuesto codificado hasta el 31 de agosto de 2021.

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Con base en este particular, el informe observa que las asignaciones de salud ($ 3.409,5 millones) y educación ($ 3.419 millones), que constitucionalmente cada año deben aumentar el 0,5 %, no representan un real incremento.

Además, se aprecia que desde el 2018 los recursos para salud han disminuido el 11,5 %, mientras que en educación hubo una caída del 15 % en cuatro años. A eso se suma la reducción del presupuesto para las universidades, dijo la asambleísta. La proforma prevé $ 823 millones para universidades y escuelas politécnicas.

Por otro lado, Pazmiño resaltó que la Comisión no contó con la suficiente información para constatar las prioridades en las asignaciones de recursos y prioridades de la política pública para dar cumplimiento a los objetivos y a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco se dispuso de detalles sobre la programación de inversión pública.

El PGE prevé ingresos totales por $ 24.114,62 millones y gastos por $ 27.898,12 millones, dejando como saldo un déficit fiscal de $ 3.783,50 millones, equivalente al 3,45 % del producto interno bruto (PIB). Las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en $ 9.768,85 millones.

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Como supuestos macroeconómicos se fijó el precio promedio del petróleo en $ 59,20 y una producción de 179,88 millones de barriles. Además, se prevé que la economía crezca el 2,8 % en 2022, que representa un PIB de $ 109.618,57 millones. Para el año 2025 se plantea un escenario de crecimiento del 5 %. La inflación promedio para 2022 se estima en el 1,28 %.

Desde el oficialismo, la asambleísta Nathalie Arias (CREO) aseguró que las asignaciones para las universidades, a través del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), han aumentado, pasando de $ 1.105 millones a $ 1.130 millones. Mencionó que el valor que se ha reducido es el correspondiente a la autogestión y por la devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

El legislador por Pachakutik Salvador Quishpe señaló que los Gobiernos autónomos descentralizados han hecho constantes pedidos de recursos al Gobierno central para atender sus necesidades locales; no obstante, reciben como respuesta que “no hay dinero”.

Según Quishpe, los recursos podrían conseguirse cobrando las deudas a 500 empresas que deben al Estado por impuestos, monto que llegaría a los $ 1.600 millones.

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La seguridad también fue tema de discusión en el pleno. Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral -que emitió el informe sobre la crisis carcelaria-, sugirió que el Ministerio de Finanzas cree un clasificador de gasto para seguridad y para desarrollo fronterizo. De esa manera se podrán determinar las inversiones que realizan las instituciones competentes en la materia.

El debate finalizó tras la intervención de 25 asambleístas. En la moción final que se sometió a votación, y que fue finalmente aprobada por la mayoría de legisladores, se incorporaron observaciones relativas a financiamiento del sistema de rehabilitación social, así como pagar la deuda que el Estado mantiene con los jubilados del sector público, entre otros aspectos.

Al respecto, se incluyó como una observación revisar las asignaciones para el financiamiento del sistema de rehabilitación social, a fin de lograr soluciones para la crisis carcelaria.

En cuanto a salud y educación, se estableció revisar las asignaciones, a efectos de garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución de la República, y principalmente para cubrir el permanente incremento de la demanda de sus servicios por parte de los ciudadanos.

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Como requerimientos al Ejecutivo, el informe aprobado plantea que se debe entregar la información necesaria para esclarecer los distintos mecanismos de financiamiento interno y el límite de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2022. (I)