El viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo, Jorge Benavides, explica las ideas madre que componen la Ley de Oportunidades Laborales, y que el Gobierno enviaría a finales de marzo o a principios de abril a la Asamblea. Expone que esto será antes de un diálogo en el que serán clave el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, así como otros actores. Para este año se podrían crear entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo, dice, siempre contando con la aprobación de la ley.

¿Cuáles son las metas del año 2022 sobre empleo, podemos esperar un mejor resultado que en 2021?

La meta general es crear 2 millones de empleos en todo el periodo gubernamental. La cifra actualizada es que en estos meses de gobierno se han creado 288.000, generados principalmente en la agricultura, ganadería, pesca y manufactura. Frente a ello, se ha generado esta propuesta de conjunto, sistemática, de la entrega de los créditos 1 % a 30 años que van destinados a pequeños emprendimientos de tareas relacionadas a agricultura, ganadería manufactura, comercio. Estos primeros resultados dan cuenta de una importante reactivación económica, y sin tomar en cuenta el efecto de la Ley de Oportunidades Laborales, que se espera sea aprobada en la Asamblea para generar mayor empleo. Al tema laboral hay que abordarlo a través de reformas estructurales: ya se han dado reforma tributaria, viene la laboral y también se busca una reforma a la Seguridad Social.

¿Pero el Gobierno tiene una meta de empleos en el 2022?

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Si en siete meses se han creado 288.000, en un año completo podrían ser entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo; esperando la aprobación de la reforma laboral. Estos nuevos puestos de trabajo aspiramos a que podrían crearse en los sectores de comercio, las pymes y mipymes, que generan manufacturas con valor agregado.

¿Cuáles son las ideas principales de la ley que podrán dar ese ansiado impulso al empleo?

Lo que se busca es, respetando los derechos a los trabajadores, generar incentivos para que los empleadores puedan invertir más y generar plazas de empleo. Este tipo de temas pueden generar tensión social, pues se piensa que se podrían restringir derechos. Esto no es así. Es una normativa complementaria y las personas podrían tomar una u otra opción en la contratación. Entre los temas para incentivar están, por ejemplo, eliminar los sobrecargos que son de 35 % en el tema de reemplazo de un trabajador o trabajadora. Se busca también simplificar el tema de contratos. Ahora hay 13 modalidades. Es importante aclarar que no es posible el trabajo por horas, pues la Constitución no lo permite.

¿Las personas van a poder escoger, o todos los nuevos van a la nueva ley y los que están en la actual se quedan ahí?

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La idea es que sea opcional y que el trabajador y el empleador acuerden el régimen. Puede ser bajo el Código o la nueva ley. En caso de que un empleador desvincule a un trabajador que ahora está bajo el Código, hay indemnizaciones adicionales, lo cual desincentiva este cambio. Se disponen 12 meses extras de remuneración a la indemnización que por ley deben pagar.

¿Cómo quedó el tema del contrato a plazo fijo, me parece que ese es el corazón de la ley?

Efectivamente, una de las figuras que se quiere introducir es el contrato a plazo fijo, que ya existía, pero que se lo eliminó en años pasados. La propuesta es que este pueda durar de seis meses a cuatro años. Es decir, se puede pactar entre el empleador y el trabajador un contrato de año y medio o de tres años, pero si se termina antes, es despido intempestivo. Es decir, se debe cumplir el periodo total. No es como dicen que es un periodo de prueba de cuatro años. Es importante destacar que las personas que no tienen empleo que son siete de cada diez ecuatorianos de la población económicamente activa, podrán tener oportunidad de acceder al trabajo. No hay precarización porque hay Seguridad Social, aportaciones, décimos, vacaciones…

¿Cómo quedará el tema de la jubilación patronal, se mantiene la idea de que sea un fondo aportado solo por el trabajador?

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Este es un tema bastante complicado. Antes de que haya seguridad social se creó esa jubilación patronal. Lamentablemente, en la práctica, esto ha generado que se desvincule a los trabajadores que están por acceder al beneficio, hay un problema real ahí. Una alternativa es ir creando un fondo con aportes del propio trabajador.

¿Cuál es el cronograma y actores que participarán en el diálogo sobre el tema laboral?

Un espacio interesante de diálogo es el que ha surgido a través del Consejo de Trabajo y Salarios. Los trabajadores que ahí representan a su sector han mostrado apertura al diálogo. El resto de discusiones que se lleven a cabo como Ministerio y la Presidencia también se realizarán con distintos actores y grupos sociales. La idea es socializar en el primer trimestre del 2022, para ir a la presentación del proyecto de ley a fines de marzo o principios de abril. Estos diálogos servirán para ir puliendo criterios. También desde la Asamblea se podrán hacer mejoras. Creo que, en el fondo, todos estamos de acuerdo en generar incentivos para el empleo. Como dice el presidente Lasso: “lo más precario es no tener trabajo”.

En el proyecto hubo aspectos que generaron estrés, entre ellas las causales de despido y el tema de pagar una indemnización al empleador. ¿Al momento estas están ya fuera del proyecto?

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Esto de la indemnización se eliminaría. Pero hay que dejar en claro que en el actual Código ya se establece que en caso de abandono el trabajador debe pagar al empleador una indemnización, no fue una figura inventada, había un antecedente. Además se mantiene la normativa vigente sobre atrasos y faltas injustificadas.

¿Han considerado que el incremento a $ 425 del salario podría terminar afectando la empleabilidad? ¿Qué puede hacer el Ministerio para que, por ejemplo, no haya despidos, argumentando que no hay suficiente dinero para la nómina y luego se cargue de más trabajo a los a los empleados que se mantienen?

No existe evidencia empírica de que el incremento de salarios sea un desincentivo. Recientemente hubo una subida y el Banco de España hizo un estudio que concluye que no existe una relación directa entre incremento de salario y desincentivo de contratación.

Durante el correísmo ese fue justamente la queja de los empresarios, que esas subidas antitécnicas eran un desincentivo. ¿Estaban exagerando?

Siempre ha habido esa discusión. Hay quienes dicen que eso genera presión. Sin embargo, las grandes empresas no tienen tanto problema en asumir esos costos. Posiblemente haya una complicación para las pequeñas empresas, pero por otro lado hemos establecido la eliminación del 2 % del IR para los pequeños, lo cual ayuda. Sin embargo, también hay quienes opinan que un incremento de salario genera un círculo virtuoso, pues hay mayor cantidad de dinero para el consumo y la reactivación económica. No fue solo una promesa de campaña, sino que hubo un análisis técnico, basado en políticas de la OIT. (I)