Los jubilados y pensionistas del Frente Nacional por un Nuevo IESS ven con preocupación la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que ahora está en manos del Ejecutivo.
Si la norma es publicada en el Registro Oficial y entra en vigencia, la organización presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).
Creen que la ley pondrá en riesgo al Banco del Seguro Social (Biess) -y con ello el dinero de afiliados y pensionistas-, al permitir que la entidad pueda vender su cartera crediticia vencida (hipotecaria, prendaria o quirografaria) o aceptar créditos con entidades financieras, poniendo como colateral el portafolio de inversiones que administra.
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Henry Llanes, presidente de la organización, señaló que desde el origen del proyecto de ley, que fue elaborado por Ejecutivo, se vulneró el artículo 372 de la Constitución, porque menoscaba el patrimonio de la seguridad social.
Dicho artículo establece que “los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio”.
La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, se aprobó en la Asamblea el 26 de septiembre. A deferencia de otros proyectos de ley que fueron promovidos por el Ejecutivo, en esta ocasión el presidente de la República, Daniel Noboa, no ha remitido el texto de forma inmediata para que se publique en el Registro Oficial.
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Llanes sospecha que el mandatario y su equipo están midiendo el clima político, a propósito del paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, y según eso se decidiría proceder o no con el envío de la ley al Registro Oficial.
El dirigente no descarta que si las tensiones en el país se intensifican y crece el descontento social hacia el Gobierno, Noboa podría inclinarse por vetar la ley, ya sea total o parcialmente, algo que sería inédito en un proyecto legal que salió de su escritorio.
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¿Cuáles son los riesgos de la ley?
Los principales temas que aborda la ley en cuestión tienen que ver con gestión de fideicomisos, devolución de fondos complementarios previsionales cerrados, operaciones de reporto y créditos con entidades financieras, y venta de cartera vencida.
Sobre los dos primeros no hay inconvenientes. Lo que causa temor son los dos últimos, dijo Llanes.
“Puede agudizar la crisis del Seguro Social y lo puede colapsar”, remarcó el dirigente, poniendo como antecedente que el Estado acumula una deuda histórica con el IESS -que llegó a $ 27.389 millones hasta mayo-, lo que ha llevado a la descapitalización del fondo de pensiones.
Henry Llanes señala que será un mal negocio para el Biess buscar financiamiento con entidades nacionales o extranjeras, y vender su cartera crediticia.
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Se endeudaría a tasas elevadas y vendería su cartera con un castigo (descuento). Y eso sin considerar las condiciones que pongan las instituciones con las que negocie el Biess para que a ellas les resulte atractivo y rentable, señaló.
La ley no establece qué destino tendrán los recursos que obtenga el Biess por cualquiera de esas vías.
Llanes teme que el dinero se use para financiar al fisco mediante la compra de bonos de deuda interna.
“Esa plata no va para el beneficio del Banco o del Seguro Social, sino que es para comprar bonos (del Estado). No olvidemos que el Gobierno controla políticamente al Seguro Social”, indicó y recordó que el presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, es el presidente del Directorio del Banco, y que en el Directorio es vocal la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya.
“Y el Ministerio de Economía y Finanzas es el que preside la Comisión de Inversiones del Biess”, agregó el titular del Frente Nacional por un Nuevo IESS. (I)
