Gobierno inició procesos de coactiva a empresas que no pagaron la tasa minera en julio

El viceministro de Minas, Xavier Subía, confirmó que se han iniciado procesos de coactivas, como medida de sanción, para las empresas que no pagaron la tasa minera en el mes de julio.Aunque no informó cuántas compañías están en esta situación, indicó que poseen “poco menos de 300 concesiones”.La tasa minera está en vigencia desde mayo pasado y su cobro está a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).El Gobierno estima recaudar $ 100 millones este año y $ 220 millones en 2026. Los recursos obtenidos se utilizarán para mejorar las capacidades de control de la Arcom, según han expresado las autoridades.La tasa aplica para los titulares de concesiones mineras no metálicas y titulares de concesiones mineras metálicas que se encuentran dentro del régimen general, régimen de pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala en cada una de sus fases.Están excluidos los titulares de concesiones y/o permisos que correspondan a materiales de construcción.El pago a la Arcom está segmentado según el tipo de régimen.Las empresas que se dedican a la mediana minería, minería a gran escala y licencias de comercialización deben pagar dos veces al año, con división en dos cuotas de manera semestral: la primera, con corte al 30 de junio, se debía cancelar hasta el 31 de julio; y la segunda, con corte al 31 de diciembre, pagadera hasta el 31 de enero del siguiente año.Por otro lado, a la pequeña minería y régimen general se aplica un solo pago, con corte al 31 de diciembre y recaudo hasta el 31 de enero.Los valores por pagar a la Arcom dependen del tipo de régimen y fase (evaluación económica, exploración y explotación). El monto se calcula con base en porcentajes que van del 3 % al 100 % del salario básico por cada hectárea minera.Las primeras compañías que debían pagar por la tasa minera hasta el 31 de julio pasado fueron las que se dedican a la mediana minería, minería a gran escala y aquellas que tienen licencias de comercialización.Una resolución emitida por la Arcom a finales de junio dispone que, si los titulares mineros no cumplen los pagos en los plazos previstos, a partir del 1 de agosto o el 1 de febrero, según corresponda, la Agencia iniciará procesos de coactiva.Mediante estos procedimientos, las entidades públicas pueden cobrar multas y valores pendientes.“Ya se inició el proceso de coactiva a aquellos que no han pagado. Mediana minería, gran minería, régimen general, licencias de comercialización tenían que pagar el proporcional del mes de junio. En agosto ya tenían que tenerlo cancelado”, dijo el viceministro de Minas.Explicó que ya se ha dispuesto el congelamiento de cuentas bancarias de las empresas mineras que no cumplieron el pago que les correspondía. “Los procesos de congelamiento bancario ya se han iniciado. Las solicitudes de los bancos ya están”, señaló.Fuera de esos casos de incumplimiento, Xavier Subía resaltó que no se presentaron inconvenientes en los pagos.No obstante, reconoció que en algunos actores de la industria persisten las preocupaciones sobre el impacto de la tasa minera en las finanzas de las empresas, particularmente en las que se encuentran en fase de exploración de los yacimientos, por lo que no desisten en sus pedidos al Gobierno de revisar la medida.“Siempre han expresado una preocupación de que se pueda revisar en el futuro la tasa. Han solicitado que se revise, pero han trabajado con normalidad. Por el contrario, aquellos que no han hecho ni una sola inversión en el país, que ni siquiera han dado un paso en la exploración inicial, ellos tampoco han pagado las tasas en su mayoría”, expresó el funcionario.Subía no proporcionó el dato de cuánto recaudó la Arcom en esta primera etapa de cobro.Cuando las autoridades anunciaron la decisión de establecer la tasa minera, desde la industria hubo rechazo y solicitudes de modificar el esquema, alegando que habría severas afectaciones porque en algunos casos los valores por pagar a la Agencia superarían los presupuestos operativos de las compañías y, por ende, provocarían pérdida de empleo y desinversiones. Pero los pedidos no fueron acogidos, por lo que la Cámara de Minería del Ecuador, así como varios titulares mineros, presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para dar de baja a la medida. Los casos siguen en trámite.Inclusive, algunos empresarios y expertos en el sector minero habían advertido que la tasa provocaría que se desista de continuar con las concesiones.El viceministro de Minas aclaró que desde la vigencia de la tasa minera no se han recibido solicitudes de renuncia de áreas.“Los procesos de renuncia de áreas son los que estaban pendientes de años anteriores. Porque para renunciar a un área tiene que haber un informe también de Ambiente, que certifique que no ha habido daño ambiental antes de la renuncia. Y como tal, hay procesos que toman dos o tres años en la renuncia. No ha habido ni un proceso diferente a los que ya estaban iniciados”, aclaró Subía. (I)

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