Los consorcios Kamana Services SA (compuesto por la francesa Schlumberger y Shushufindi Holdings) y Servicios Petroleros Igapó SA (de la estadounidense Halliburton) han presentado cada uno procesos de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) contra la compañía pública de hidrocarburos de Ecuador EP Petroecuador. El proceso se lleva adelante en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya.

Ambos consorcios, Kamana e Igapó, obtuvieron la concesión de contratos de servicios para varios campos petrolíferos de Orellana y Sucumbíos en 2016, en los cuales EP Petroecuador (en aquel momento Petroamazonas EP) mantendría la operación de los activos. Kamana consiguió las concesiones para Edén Yuturi y Pañacocha; e Igapó para Lago Agrio, Palo Azul, Pucuna y Víctor Hugo Ruales.

Petroecuador EP, hace pocos minutos, aclaró que los arbitrajes que se llevan en estas instancias son confidenciales y buscan la solución de conflictos entre las partes de acuerdo con las cláusulas de los contratos. Además informó que estas demandas no afectan el giro de la empresa ni los compromisos adquiridos para la ejecución de contratos para la prestación de servicios específicos con estos consorcios, ni las acciones que se están desarrollando para cumplir metas para incrementar progresivamente la producción petrolera del país de acuerdo con los lineamientos del Gobierno.

La empresa estatal informó que dentro de sus competencias está brindando todas las facilidades a la Procuraduría para el proceso de defensa.

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Los contratos fueron firmados en 2016 en presencia del entonces vicepresidente Jorge Glas; el ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda; y, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.

De acuerdo con los anuncios del momento, las inversiones comprometidas por los consorcios demandantes y un tercero, Pañaturi (de la china Sinopec), sumaban aproximadamente $ 1.000 millones, para recuperar $ 84,6 millones de barriles en reservas incrementales, aquellas que requieren mayores tecnologías para su extracción. Según lo suscrito, las tarifas de pago a las contratistas se calcularían en relación con el marcador internacional de crudo WTI, un modelo que permitía modificarlas acorde el precio internacional del petróleo.

Las compañías internacionales asumían el riesgo de las inversiones realizadas y el Estado ecuatoriano a través de su empresa petrolera solo pagaría por producción incremental ejecutada.

Tribunales ya constituidos y abogados nombrados

El tribunal del arbitraje de Kamana lo componen Antonio Hierro y Gustavo Parodi y Andrés Jana Linetzky (coárbitros).

Los demandantes están representados por la firma Robalino Abogados, dirigido por Javier Robalino Bustamante.

Petroecuador, por su parte, es representada por la Procuraduría General del Estado de Ecuador.

El tribunal del arbitraje de Igapó, filial del estadounidense Halliburton, lo componen Dyalá Jiménez Figueres (presidente) y Alberto Zuletaa y Eduardo Damião Gonçalves como coárbitros. Karima Sauma es secretaria de tribunal.

Servicios Petroleros Igapó SA es representada por Pérez Bustamante & Ponce; y Petroecuador por la Procuraduría General del Estado de Ecuador y un equipo de la propia compañía. (I)