Una eventual solución para la polémica por la actual conformación del Consejo Directivo del IESS se sigue difiriendo y no parece tener una salida fácil. Esto, a pesar de que el tema se lo ha tratado de resolver desde el 2015, es decir por siete años.

Hace algunas semanas, a finales de noviembre del 2021, la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia 70-20-IS/21 y acumulados, declarando el incumplimiento parcial de la Asamblea Nacional sobre una sentencia anterior que le obligaba a elaborar una ley que permitiera un nombramiento amplio e inclusivo de los representantes de trabajadores y empleadores y que fue emitida en 2016.

También le ordena a la Asamblea retomar el proceso de elaboración de la ley de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución. Esto, luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, vetara en los primeros días de junio del 2021 una ley aprobada por el órgano legislativo. Ese artículo establece que en caso de veto total, la Asamblea podrá tratar nuevamente el tema y ratificarse en lo aprobado, solamente luego de un año de realizado el veto. Esto podría ser en junio del 2022.

La Corte también le indica a la Asamblea que deberá informarle sobre el cumplimiento de la medida en el plazo de un año desde la notificación de esta sentencia. Adicionalmente, le advierte que si hubiese inobservancia a la sentencia, la Corte podrá ejercer “diversas facultades para garantizar su cumplimiento, conforme lo establece el artículo 86 numeral 4 de la Constitución”.

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Este pronunciamiento en la práctica solo alarga el proceso que ya dura siete años y así el IESS continuará por varios meses más con un Consejo Directivo cuestionado desde varios sectores.

Actualmente el Consejo tiene en funciones a su presidente y representante del Ejecutivo, Francisco Cepeda, al delegado de los trabajadores, Luis Clavijo Romero, y al de los empleadores, César Rodríguez.

De acuerdo con Henry Llanes, representante de los jubilados del IESS, actualmente existen cuatro posibles vías de solución a la problemática del Consejo del IESS.

La primera sería justamente la que propone la Corte Constitucional. Sin embargo, para Llanes, esta representaría un grave problema, pues la ley que fue vetada por Lasso no recogía el pedido que le había hecho la Corte en 2016 y que era que se realice una elección inclusiva y participativa. La ley de la Asamblea, más bien, ratificaba el sistema con colegios electores y con la misma estructura. Había una variación que era la rotación de la presidencia.

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Una segunda vía, dice Llanes, sería que la Asamblea más bien emita un nuevo proyecto, distinto al que fue rechazado y que sí cumpla con los parámetros exigidos por la Corte. Este demoraría varios meses también y estaría sujeto a los vetos presidenciales.

Sin embargo, Llanes propone una tercera vía basada en el artículo 103 de la Constitución que garantiza la Iniciativa Popular Normativa. En estos días está realizando los trámites ante el Consejo Nacional Electoral para que le permitan avanzar en esta iniciativa. Si se logra debería conseguir las firmas necesarias de apoyo ciudadano a su proyecto de ley. Según su propuesta, el Consejo Debería estar conformado por cinco miembros, dos representantes de los afiliados, uno de los jubilados, uno de los empleadores y uno del Gobierno, pero proveniente del Ministerio del Trabajo. Con este, el peso mayor de las decisiones estaría en los propios afiliados y jubilados.

Una cuarta salida sería que la Corte Constitucional module el artículo 28 de la Ley del IESS, ejerciendo una facultad parecida a la que ya ejerció cuando dejó sin efecto la Ley de Justicia Laboral que retiraba el 40% de las pensiones y ratificó la vigencia del artículo 237 de la Constitución, restituyendo el pago del 40 %.

Desde la Comisión de los Trabajadores, el asambleísta Luis Almeida comentó que la Asamblea recientemente aprobó con una importante mayoría que el IESS deberá tener un control político por parte de la Asamblea. Adicionalmente, sostuvo que él tratará de impulsar los proyectos de ley que garanticen que no haya una metida de mano a las arcas del IESS por parte del Estado.

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Sobre el Consejo Directivo consideró un atropello que se mantenga en el cargo al representante de los trabajadores, Luis Clavijo. Explicó que al revisar los datos de la Contraloría se establece que tiene un Informe con Responsabilidad Penal (IRP). El mismo problema (un registro de IRP) lo tiene el presidente del IESS.

En el caso de Clavijo, Llanes recordó que fue separado del IESS luego que la Contraloría estableciera que no cumplió sus funciones al permitir que el expresidente, Richard Espinosa, desapareciera de los asientos contables la deuda de salud del IESS por más de $ 2.000 millones. Luego, la Contraloría cometió un error de irrespeto al debido proceso y Clavijo les colocó una demanda que terminó ganando. Y aunque su periodo ya había fenecido, se le reincorporó al Consejo. Entre tanto, la situación del delegado de los empleadores también es compleja, pues este era el alterno de Felipe Pezo, quien estuvo también autoprorrogado durante al menos ocho años. Llanes considera que también está prorrogado en funciones.

Finalmente, Almeida reclamó que el propio Cepeda tendría al momento una IRP en los registros de la Contraloría. Sobre el tema el presidente del IESS ha explicado en varios medios de comunicación que el tema ya ha sido tratado a nivel de Fiscalía y que se ha encontrado que no hubo perjuicio al Estado, sin embargo, el caso se mantiene abierto por más de seis años. (I)