El contralor general del Estado, Mauricio Torres, informó que el lunes 21 de julio ya fue aprobado el examen especial realizado al contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la compañía Progen. Se calculan pérdidas económicas por alrededor de $ 100 millones, según el contralor.
Y si es que se suman las pérdidas de los contratos con las dos empresas, Progen y Austral Technical Management (ATM) -de acuerdo con Torres-, podría llegar a unos $ 140 millones.
Los resultados son muy parecidos a los de Austral Technical Management (ATM), “con problemas que van a derivar en responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales”, adelantó el contralor, en una entrevista en radio Sucesos, el martes 22 de julio.
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Señaló que entre los funcionarios que tendrían responsabilidades están de mandos medios y hasta del nivel jerárquico superior.
Respecto de los hallazgos, Torres explicó que no se puede determinar la supervisión que se hizo a los equipos de Progen, “porque todavía están cubiertos, no se pueden revisar porque puede perderse la garantía”.
Sin embargo, dijo, que se poseen documentos que determinan que “los equipos no son nuevos y tampoco han sido comprados al fabricante”.
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Apuntó que ahí ya existe una irregularidad porque debían ser equipos nuevos y de fábrica.
Informó que si bien no pudieron revisar los equipos, los auditores de la Contraloría contactaron directamente a la empresa fabricante y la compañía certificó que no vendieron a Progen.
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“Por lo tanto, nos damos cuenta que no son comprados a la fábrica. (Progen) no es el fabricante, tampoco. Y, de acuerdo a los documentos, porque no hemos verificado (los equipos) visualmente, para los pagos que se realizaron (los equipos) no serían nuevos”, resumió.
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El contralor señaló que en el caso de ATM “se constató que los equipos no son nuevos, se constató que posiblemente son fabricados en el 2016 y que estaban siendo utilizados en otro país, presumimos por ejemplo África debido a la frecuencia que tiene, son equipos con una frecuencia 50 (hercios, Hz) cuando somos de 60 (Hz)”.
En días pasados, ATM indicó que “de acuerdo con lo especificado en las bases de licitación correspondiente, todos los equipos que ATM adquirió, movilizó y está poniendo en marcha en la central Esmeraldas III son nuevos, año de fabricación 2017, características que fueron plasmadas en nuestra oferta, aceptadas por el contratante (Celec) y certificadas por una verificadora internacional en dos ocasiones”.
Torres también comentó que en el proceso en el que ATM fue la ganadora hubo otra que participó con una oferta mejor, pero no fue asignada, mientras que en los proyectos por los que participó Progen fue la única.
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El contralor señaló que por medio de la empresa que pierde es que se obtiene la información para la auditoría. “Hemos tenido bastante información, inclusive de empresas que participaron y ahí es que pudimos determinar toda la situación, (ATM) es una empresa nueva que se registra en Uruguay con un capital aproximado de $ 260, no cumplía por ejemplo con las condiciones técnicas que se requiere y sin embargo fue asignada, entonces aquí se puede determinar unos indicios de responsabilidad penal, podría existir un tráfico de influencias, que es lo que tiene que determinar la justicia”, afirmó.
Por otro lado, en el proceso de contratación de Progen se detectan errores y adendas al contrato para los pagos.
“Lo más importante para el país es recuperar los recursos que se han determinado, que prácticamente estarían mal invertidos”, expresó.
Dijo que se han determinado responsabilidades civiles sobre la empresa contratante, la cual tendría que ejecutar garantías; sin embargo, no hay este respaldo para los pagos, mencionó.
“Tienen que responder los fabricantes y también los servidores que cometieron los errores”, describió.
En cuanto a las pérdidas económicas, se estima que en el contrato con Progen ascenderían a aproximadamente $ 70 millones por la central Salitral y $ 30 millones por la central Quevedo.
Torres indicó que con cada examen que realizan se incluyen las recomendaciones, que son de cumplimiento obligatorio y permiten mejorar los procesos de contratación. “Las recomendaciones que dejemos, 90 días después de haberse emitido podrán ser auditadas (y) que podrían derivar inclusive en la destitución del servidor que no acate estas recomendaciones”.
Señaló que si bien las unidades de negocio de Celec son las que contrataron a las empresas esto no evita de responsabilidad al gerente general de la empresa pública. “Es la empresa pública la que contrata, en este caso Celec, y delega a las unidades de negocio, pero no porque delega (Celec) evita responsabilidades, por eso justamente es lo que el gerente general responde a estas situaciones”.
Añadió que por las pérdidas generadas por los contratos precisamente deben responder las empresas que contrataron y los servidores que cometieron las faltas tanto civil como penalmente, pero pueden defenderse.
“Viene de aquí la predeterminación, todavía ellos pueden defenderse y pueden determinar o justificar de acuerdo a lo que nosotros hemos presentado, luego vendrá inclusive la resolución y podrán llegar inclusive a la revisión en ciertos casos, después podrán llegar al contencioso administrativo en la parte civil y administrativa”, dijo.
En lo penal, como Contraloría han entregado el informe a la Fiscalía en el caso de ATM y en estos días entregarán el de Progen.
El contralor indicó que aún falta el informe del examen especial de un tercer contrato que tiene Progen de un proyecto en Catamayo, Loja. (I)
