El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y Pedro Velasco, miembro del ente legislativo, acudieron este miércoles, 6 de abril, a entregar a la fiscal general, Diana Salazar, el informe realizado por dicha comisión sobre el caso de Petrochina.

A las 10:00 llegaron con centenares de documentos, en cajas y en un drive, que respaldan la investigación, y el informe que fue aprobado por la comisión hace pocos días.

El asambleísta Villavicencio dijo que, tras cumplir su tarea la Comisión de Fiscalización, ahora queda en manos de la fiscal Salazar la posibilidad urgente de formular cargos en contra de decenas de presuntos implicados en el caso Petrochina.

El caso de la comercialización de crudo ecuatoriano atado a deuda que involucró a intermediarios y que habría generado importantes perjuicios económicos al país ha sido calificado “como la mayor trama de corrupción de la historia petrolera del país”.

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Entre los documentos entregados, dijo Villavicencio, hay varios que estuvieron en reserva por más de una década: contratos de líneas de crédito, correos electrónicos que sirvieron de base para la firma de contratos millonarios por una deuda de $ 19.000 millones con bancos chinos que se pagaron con petróleo a precio descontado.

De acuerdo con Villavicencio, los más importantes datos del informe son los que señalan que el expresidente Rafael Correa, a través de decreto presidencial, autorizó la contratación de líneas de crédito “con intereses de chulco” del 7 % y 8 % de interés, y con una afectación en el precio de $ 3,6 por barril, lo que significó un perjuicio para el país -en una década- por casi $ 5.000 millones.

También se mencionan evidencias de cómo el excontralor Carlos Pólit habría desvanecido una glosa en el 2016 para beneficiar a Petrochina y se adjuntan evidencias del expediente de la Corte de Nueva York que indican que Raymond Kohut, quien era ejecutivo de Gunvor, intermediaria de Petrochina, habría entregado $ 70 millones de coimas y sobornos a altos funcionarios del gobierno de Correa.

Pedro Velasco, asambleísta independiente, mencionó que en el informe constan una serie de nombres y apellidos de quienes participaron en el proceso de concesión de créditos que llevaron al país a hipotecar el futuro de las próximas generaciones, entre ellos el expresidente Rafael Correa, funcionarios de Petroecuador, quienes desvanecieron glosas y sectores empresariales.

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Por otro lado, Villavicencio recordó que se ha establecido dentro del informe también una observación para el actual Gobierno, basado en la presunta ilicitud de los contratos, los renegocie.

Explicó que actualmente aún hay una deuda de $ 2.000 millones en este tipo de créditos que tiene una suerte de garantía por 156 millones de barriles (unos $ 9.000 millones), lo cual resulta profundamente injusto.

Adicionalmente, Villavicencio expresó que se le está pidiendo al procurador del Estado intervenir a fin de que Ecuador demande a Petrochina. Para el asambleísta, la Comisión de Fiscalización también ha probado que el gobierno de Correa aceptó que se anclara la jurisdicción de la Corte de Londres para dirimir controversias. Además, se acordó abrir una cuenta en un banco chino, en Pekín, del cual el Gobierno nunca tuvo control sino el de China. “Eso sí es una venta de la bandera”, dijo. (I)