CNE dio luz verde para la recolección de firmas en busca de reformar la Ley de Seguridad Social y del Biess

Las reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serían impulsadas desde los mismos afiliados y jubilados del Seguro Social. Esto, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió aceptar la entrega del formato del formulario para la recolección de firmas para la Iniciativa Popular Normativa que busca impulsar estos cambios.

El formato del formulario fue entregado el viernes 13 de mayo a Henry Llanes, representante de la Iniciativa, tras cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria de Mandato, conforme al análisis precedente.

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“A los 100 años tenemos la oportunidad de cambiar la gobernanza del IESS, en la que los afiliados y jubilados del seguro social obligatorio tomen decisiones trascendentes bajo principios de transparencia, eficiencia y eficacia, con calidad total y rendición de cuentas”, sostuvo Llanes tras conocer la resolución del CNE.

Llanes, quien además es vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IESS de Pichincha, explicó que la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess tiene como objetivo fundamental modificar la composición del Consejo Directivo del IESS, así como el procedimiento de integración del directorio del Biess, a fin de que los afiliados y jubilados del seguro social obligatorio tengan una mayor representación en estos órganos de gobierno.

“No es justo que los afiliados, que son los que aportan mensualmente una parte de su sueldo para financiar las prestaciones de salud, de jubilación y otras del seguro social obligatorio, no tengan una mayor representación en el Consejo Directivo del IESS”, indica la Iniciativa en la exposición de motivos para las reformas.

Otro aspecto que afecta a la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IESS, según la Iniciativa, es su relativa participación, apenas un voto frente a dos que representan a los intereses del gobierno de turno y de los gremios empresariales.

En este sentido, indican que no existen las condiciones institucionales para que la representación de los asegurados haga cumplir lo que dispone la Ley de Seguridad Social, especialmente lo relacionado con las transferencias anuales que debe realizar el Estado, así como lo concerniente al pago de las deudas, acumuladas desde el 2006 en materia de salud y del 40 % para pagar las pensiones jubilares desde el 2012; en ambos casos, más otros rubros, el monto total de la deuda estatal fue de $ 8.175 millones, aseguraron.

En este caso la reforma buscaría la modificación del art. 28 de la Ley de Seguridad Social, para que el Consejo Directivo del IESS sea integrado por cinco miembros principales: dos representantes de los afiliados activos, uno de los jubilados, uno de los empleadores del sector privado y uno del sector público designado por el Ministerio del Trabajo. Cada uno de los miembros principales tendrá su respectivo alterno. El periodo de duración será de cuatro años y podrán reelegirse por una sola vez, de forma consecutiva o no.

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Desde el año 2001 hasta marzo de 2016, de acuerdo con ese mismo artículo, el Consejo Directivo del IESS se venía conformando de manera tripartita por un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la Función Ejecutiva, que lo preside hasta la actualidad.

Dentro de estas reformas también existen disposiciones transitorias, como que “hasta que el Estado cancele las deudas al IESS, las mismas que al 30 de septiembre de 2021 se calcularon en $ 8.175,9 millones, se suspende todo tipo de crédito al sector estatal a partir de la vigencia de la presente ley”.

O también que dentro de los acuerdos de pago el Estado podrá entregar al IESS el Banco del Pacífico, “así como la transferencia de acciones de la explotación de los recursos naturales no renovables, en este caso, lo que corresponde a la explotación, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos; a la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica; de las telecomunicaciones y de la explotación de la minería metálica”. (I)