Ministerio de Economía espera aclaración de la Corte Constitucional para proceder con plan B de recuperación de $ 22 millones pagados a Bucaram Aivas

El Ministerio de Economía aguarda el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los pedidos de aclaración que hicieron la Procuraduría y los ministerios de Agricultura y de Finanzas para proceder a recuperar $ 22 millones pagados a los hermanos Bucaram Aivas.

Esa cifra fue pagada a los Bucaram en diciembre del 2023, a través de bonos internos del Estado, obedeciendo a una sentencia ejecutoriada que habían emitido unos jueces de Los Ríos. Se hizo así luego que el Ministerio de Agricultura solicitara al Ministerio de Economía entregar los recursos para el pago. A falta de liquidez se entregaron bonos.

Pero pocos días después la Corte Constitucional dejó insubsistente la sentencia y ordenó al ministerio recuperar los dineros. La Corte le pidió que “proceda a recuperar la totalidad de los valores que han sido pagados en cumplimiento de las decisiones que han sido dejadas sin efecto por esta Corte”. Además, le indicaba que “con este propósito, deberá ejecutar todas las acciones administrativas y/o judiciales necesarias para asegurar la devolución de los valores pagados, a fin de evitar la disposición de los mismos”.

Sin embargo, el ministerio optó por coordinar con el Banco Central el bloqueo temporal de los bonos, sin tomar en cuenta que estos ya no estaban a nombre de los Bucaram, sino de terceros, pues los beneficiarios iniciales de los bonos los vendieron de manera inmediata en el mercado de valores. En este sentido debió desbloquear los bonos. El ministerio llevará a cabo un plan B de cobro, luego del fracaso de la iniciativa de bloquearlos.

El ministerio informó a este Diario que “las acciones de cobro se van a implementar” y que “cuando salga la aclaración de la Corte Constitucional se definirán los mecanismos exactos”.

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, en este tema se cometieron varios errores por parte de las instituciones encargadas que generaron daños a la institucionalidad. Según la sentencia, la Corte les ordena recuperar el dinero entregado a la familia Bucaram Aivas.

Para el experto, el problema tuvo su origen en el camino tomado por las autoridades en su momento para recuperar los dineros, bloqueando los bonos. Esto ha generado un debilitamiento en la institucionalidad. Explica que a su criterio, la venta de los bonos sí fue legal porque en ese momento no había ninguna restricción para hacerla.

Sin embargo, una vez que la Corte deja sin efecto las sentencias, el Gobierno debía ir a cobrar directamente a los Bucaram Aivas. Indica que no fue una buena idea el ir al cobro vía bonos porque justamente estos pueden cambiar de manos y es difícil conocer quiénes son los dueños efectivos de esos papeles.

El problema colateral generado ha sido la desconfianza en el mercado de valores, pues se ve cómo el Estado utiliza a la institución que debe ser técnica, afectando la propiedad privada. En el mercado se ha generado una sensación de que “todos los que compren los bonos están en riesgo de que les terminen bloqueando. Es un precedente nefasto en la economía en general”, dice. Explica que el bloqueo de los bonos vino a través del Depósito Centralizado de Valores (DCV), lo que muestra que este organismo no se puede comprometer a garantizar el tema institucional, pues al final va a trabajar para su jefe que tiene el poder de coerción estatal.

En este sentido, según Acosta, es urgente tener un depósito centralizado privado con estándares internacionales. Recuerda que actualmente sí existe un Depósito Descentralizado privado, pero no cumple con estándares internacionales. Para Acosta, el tema de los estándares es importante incluso con miras a ser parte de la integración de las bolsas a nivel regional. (I)