Menos de tres días quedan para que se instale la audiencia de apelación de medidas cautelares y de juzgamiento en el caso Triple A, proceso penal contra 16 personas naturales, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis personas jurídicas (empresas) acusadas de delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, y el Tribunal Anticorrupción de Juicio sigue incompleto.
Los 22 procesados, la Fiscalía y las acusaciones particulares (Petroecuador y Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)) y funcionarios de la Defensoría Públlica han sido convocados para el 7 de marzo próximo no solo para dar inicio a la etapa de juicio en la causa, sino para, previo al juzgamiento, atender las apelaciones contra las medidas cautelares solicitadas, entre la que se encuentra la hecha por la Fiscalía para que se revise la presentación periódica y uso de grillete dispuestos para el alcalde guayaquileño.
Entre el 7 y el 21 de marzo estaba definido inicialmente se realice el juicio en el caso en el que se analiza la existencia de una relación de las seis empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61.502.658,39, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
Publicidad
El 28 de febrero pasado, el único juez que quedó como parte de la Sala de Juicio, Víctor Barahona Cunalata, aceptó las excusas planteadas por los también jueces anticorrupción Christian Fierro y Carlos Serrano. Básicamente los dos jueces se excusaron de seguir en la causa porque en la Asamblea Nacional, en su comparecencia en el juicio a Mario Godoy, hoy presidente del Consejo de la Judicatura, hablaron del caso Triple A , y, además, porque su imparcialidad estaría afectada.
“Se dispone separarlos de manera definitiva e irrevocable del conocimiento, sustanciación y resolución de la causa penal. Se dispone que, por Secretaría y de manera inmediata, (...), se remita el presente expediente a la Oficina de Sorteos (o dependencia homóloga competente). Lo anterior, con la finalidad exclusiva de proceder al respectivo sorteo legal para la designación de los jueces que subrogarán a los magistrados excusados, garantizando la urgente y debida recomposición de este Tribunal Especializado para la continuidad del proceso”, señaló Barahona en la providencia del 28 de febrero pasado.
En ese sentido, este miércoles, 4 de marzo, Sebastián Jaramillo, director de Asesoría y Patrocinio Judicial de la ARCH, instancia que acude al caso Triple A como acusación particular, pide se disponga se dé cumplimiento al envío inmediato del expediente del proceso para que se concrete el sorteo de los jueces que integrarán el Tribunal de Juzgamiento.
Publicidad
“De la revisión del proceso se evidencia que, pese al estado procesal en el que se encuentra la causa, hasta la presente fecha no se evidencia del expediente el correspondiente sorteo para la conformación del Tribunal que deberá conocer y resolver la presente causa. (...) Con la finalidad de garantizar la transparencia del trámite procesal, el respeto al debido proceso y el principio de celeridad procesal, solicito (...) se disponga lo que fuere a fin de que, (...), se proceda con el sorteo correspondiente para la conformación e instalación del Tribunal competente que conocerá la presente causa”, indicó el funcionario del ARCH en su escrito.
Además de la insistencia por el sorteo, desde la ARCH se insiste en que se señale el auditorio del Complejo Judicial Norte para la realización de la audiencia correspondiente, así como también se dispongan las facilidades tecnológicas pertinentes, para asegurar el correcto desarrollo de la diligencia y permitir que se lleve a cabo con total normalidad. Se inicia desde la ARCH que las solicitudes se formulan con el objeto de evitar dilaciones innecesarias en la sustanciación del proceso y permitir que la causa continúe con su trámite conforme a derecho.
Publicidad
Formalmente el caso Triple A existe desde el 23 de julio pasado, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas. Cambio de abogados defensores a última hora y problemas de salud del juez de la causa generaron que recién al sexto señalamiento, es decir, el 14 de diciembre de 2024, se instale la audiencia de formulación de cargos contra cinco personas y cinco empresas.
El 16 de diciembre siguiente, el entonces juez de la causa, Jairo García, dio a conocer su resolución del inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.
Ya casi al final de los tres meses dispuestos para etapa de instrucción fiscal y luego de obtener información de la supuesta participación de otras personas en hechos investigados en Triple A, la Fiscalía, el 21 de febrero de 2025, pidió inicialmente se vincule a Aquiles älvarez y nueve personas más, pero luego se anexó a otra persona natural y otra persona jurídica. En total once personas y una empresa a vincular.
El pedido de vinculación fue hecho el mismo día que la Fiscalía realizó de forma simultánea varios allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), y Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
Publicidad
Joan Paúl Egred, abogado de dos de los procesados en Triple A: Édgar Moisés F. y Olga Cecilia O., califica de urgente el que el Tribunal de Juicio se conforme adecuadamente, para que así pueda concretarse la audiencia de juicio. Cree importante que en el caso ya no existan dilaciones por las razones que sean, pues, señala, existiría gente inocente, como sus clientes,dice, que injustamente han sido arrastrados a este proceso por actos que son de exclusiva responsabilidad de Copedesa y de Aquiles Álvarez.
“Por supuesto que es urgente que ya se dé la audiencia de juzgamiento. Aquí hay una serie de personas que están siendo procesadas por haber mantenido de buena fe una relación comercial con Copedesa, que entiendo es una empresa que pertenece a la familia Álvarez. Esa situación debe dilucidarse ante los tribunales penales. De ahí, si el señor Álvarez y sus empresas, de una u otra manera, le han perjudicado al Estado, que ellos respondan ante la justicia. Pero ese no es el caso de muchas otras personas que, repito, lo único que hicieron fue en su momento tener una relación comercial de buena fe entre privados con estas empresas que aparentemente habrían cometido algún tipo de irregularidad”, anotó Egred.
Al momento al expediente han ingresado una serie de pedidos para que se les permita a procesos y testigos intervenir vía telemática en la audiencia aún vigente para iniciar el 7 de marzo próximo. Son esos y los pedidos hechos por la ARCH los que deberán ser respondidos una vez el Tribunal de Juicio esté conformado formalmente. (I)
