Los retrasos y fallas en los repuestos para el funcionamiento de los helicópteros Dhruv que adquirió la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el 2008 son uno de los motivos por los que la Fiscalía General resolvió reabrir la investigación por el presunto delito de peculado en contra de Javier Ponce, ministro de Defensa durante el gobierno de Rafael Correa, y otros 18 involucrados.

El miércoles pasado, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván León aceptó el pedido de la fiscal general Diana Salazar para reabrir la investigación, argumentando que la investigación del asesinato del general Jorge Gabela tendría relación con este proceso, que se encontraron indicios en la compra que bordeó los $ 45,2 millones, y que existieron retrasos y fallas en los repuestos para esos aparatos.

Ello se revela, por ejemplo, en el examen especial que realizó la Contraloría General en el 2015 a la ejecución del contrato y al seguimiento de las recomendaciones planteadas en una primera auditoría en el 2013.

Entre las conclusiones se señala la existencia de un perjuicio por $ 2’489.603,57 a la FAE, después de que la empresa proveedora, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), no completó la entrega de equipamiento a los helicópteros Dhruv.

Se señaló que la HAL no entregó los sistemas TCAS, Egwps, localizador de señal de emergencia (búsqueda) DF 406 MHz, integración de VOR, ILS, DME, de cinco de los siete Dhruv, que estaban valorados en $ 801.757,85; además, que se generaron multas y retrasos en la entrega e instalación para los siete helicópteros por $ 1’687.845,72, “lo que ocasionó un perjuicio a la entidad por $ 2’489.603,57”.

El organismo de control observó que se habrían “incumplido los procedimientos contractuales para la recepción de bienes”, incumpliendo la Ley de Contratación Pública.

Esto porque la institución aceptó “bienes como reparados, que no pasaron las pruebas funcionales”.

De los siete helicópteros Dhruv, cuatro se accidentaron y tres se declararon inoperativos. (I)