Con un Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), solicitando un traductor o intérprete para que se le tome la versión que no rindió y un Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (Micc), rindiendo versión y convocando a una nueva movilización en Ecuador, es como se dio, la mañana de este lunes, el llamado de Fiscalía para que estos dos líderes indígenas hablen de lo que conocen sobre el delito de terrorismo que supuestamente ocurrió durante las protestas de octubre de 2019.

El 17 de octubre de 2019 el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, presentó una denuncia por el delito de terrorismo y la misma partía de un discurso dicho por Jaime Vargas durante la jornada de movilizaciones contra las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Lenín Moreno.

En la denuncia planteada y por la que se abrió una investigación previa consta que Vargas en su discurso habría afirmado: "Hemos dado en este momento, como amazónicos, la orden de cerrar todas las llaves del petróleo. ¡Carajo!". Ese hecho, según Dahik, ocasionó el cierre de pozos petroleros amazónicos, así como el oleoducto necesario para exportar.

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Vargas defendió su derecho constitucional a tener un traductor o intérprete para que se le tome la versión en su idioma originario, en este caso el Achuar Chicham, y aclaró que no es ninguna estratega para retardar las investigaciones. Vargas también solicitó un traductor en la versión que iba a rendir hace unas semanas atrás por el delito de instigación al terrorismo, denuncia planteada por Marcelo Hallo también por hechos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019.

El líder indígena atacó a su denunciante señalando que es un prófugo de la justicia, que por 20 años no ha respondido al país del saqueo de los recursos del pueblo ecuatoriano. Jaime Vargas aseguró que estarán presentes las veces que sean necesarias para colabora con la justicia en este y en cualquiera de los casos que se le han abierto.

Tanto Vargas como Iza poseen abiertas siete investigaciones de tipo penal, todas en fase previa.

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Gonzalo Bravo, abogado del exvicepresidente Dahik, insiste en que Jaime Vargas dio una orden los días de protestas para que se cierren las llaves de los pozos petroleros y eso consta en audios y en videos que son parte de la investigación. En cambio, Carlos Poveda, abogado de los líderes indígenas, señaló que lo que existió aquel día fueron expresiones más que órdenes, pues no hay una disposición u orden vinculante.

El presidente del Micc siguió la misma línea de ataque al denunciante y negó que durante octubre de 2019 existieran delitos particulares, sino que todo lo que se dio fue un levantamiento del pueblo ecuatoriano en el que se emplearon todas las formas de lucha social.

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"Está claro que es una persecución política, porque Alberto Dahik es parte integrante de una comisión asesora en el país, es parte del Gobierno de Lenín Moreno. No es posible que ahora los delincuentes que 20 años estaban prófugos de la justicia, quienes estaban tras la decisión política de desregular el sistema financiero para el 2000 que provocó el terrorismo en este país, en ese terrorismo económico que millones de ecuatorianos salieron del país y muchos perdieron la vida, (...) esos delincuentes, pandilleros en este caso han regresado a poner acusación a los compañeros que estamos luchando y trabajando para sostener al Ecuador", explicó Iza.

Para Iza el terrorismo en este caso fue ejercido por el Gobierno Nacional y que los millones de ecuatorianos en el territorio nacional actuaron porque el Gobierno no escuchó lo que estaba pidiendo: "que se siente a dialogar, pero que elimine el decreto 883".

Nueva movilización

Ante la realidad nacional, en la que destacó Iza los productos del campo y el sueldo de los trabajadores ecuatorianos "están por los suelos" y el incremento de los combustibles, el presidente del Micc lanzó una convocatoria nacional a los transportistas y a todos los sectores productivos que "sostenemos la economía de este país para armar un frente común e ir a una nueva medida de hecho".

No habló de fechas para una nueva movilización, pero sí explicó que es una decisión que debe juntar a todos los sectores del país. (I)

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