Siete de los quince procesados por un presunto delito de peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue, concluyeron con la presentación de sus pruebas de descargo, en el séptimo día de la audiencia de juicio que se lleva adelante en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Carlos Pareja, ex ministro, Lorena Espinoza, coordinadora jurídica del ministerio de Energía y Milton Jiménez, de la comisión de evaluación lo hicieron el lunes.

Este martes fue el turno de Alfredo Herrera, quien formó parte en la evaluación del sobre 1 donde hubo 9 formularios sobre la capacidad financiera. Según él, no hubo ningún parámetro para determinar una tarifa previa aparte de los documentos de licitación.

René de Mora, que se encargó de calificar la capacidad legal de las empresas oferentes, dijo que no hubo observaciones de la Contraloría.

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En tanto, Julio Cárdenas, quien formó parte del análisis de la tarifa, afirmó que el Estado ecuatoriano recibió beneficios, que la negociación de Singue fue la correcta y que el proceso de licitación se realizó de la misma manera que en otros campos que pertenecían a la Décima Ronda Petrolera.

Entre la prueba documental, presentada por Pablo Encalada, abogado de los cuatro últimos procesados, se incluyó una sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo donde supuestamente se dejó sin efecto el informe de Responsabilidad Penal de la Contraloría.

La documentación fue incorporada como nueva pero la Fiscalía se opuso aduciendo que no es considerada prueba.

La Procuraduría también la objetó. Según la entidad, se ha declarado nulo un acto administrativo más no ningún informe. Planteó que no sea considerada.

Tras un análisis, el Tribunal integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, aceptó incluir como prueba nueva.

José Burgos, quien colaboró en la verificación de actividades como la perforación de los pozos, facilidades de perforación, reacondicionamiento, en su testimonio, sostuvo que en el bloque Singue se ha cumplido totalmente con ese plan.

En su testimonio, el ex ministro Wilson Pástor sostuvo que firmó la adjudicación del contrato de Singue porque así lo determina la ley y que no estuvo presente en ninguna sesión de negociación ni intervino en el comité de licitación.

Agregó que revisó la información, consultó con terceros y contrastó la documentación. Llegó a la conclusión, indicó, de que el equipo de negociación consiguió una tarifa bien negociada.

Además que la negociación duró tres meses y hubo tres empresas que adquirieron las bases de licitación por lo que había competencia. (I).