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A un año del incendio y saqueo del edificio de la Contraloría, no hay detenidos ni indemnización

Tres pólizas respaldan el pago de $ 13 millones de indemnización. Sin embargo, Seguros La Unión apeló la exigencia de la Contraloría. Hasta ahora, tampoco hay responsables del incendio del edificio.

El edificio de la Contraloría fue quemado durante las protestas de octubre del 2019. Foto: redaccion

A un año de haber sido saqueado e incendiado por una turba de encapuchados, el edificio de la Contraloría luce abandonado. Los ventanales no tienen vidrios y el hollín y los grafitis en contra del gobierno de Lenín Moreno siguen intactos en las paredes.

El edificio fue destruido el sábado 12 de octubre del año pasado, en la víspera al cese negociado de las manifestaciones indígenas -que duraron once días- en contra de las medidas económicas de entonces; entre las que se preveía la eliminación del subsidio a los combustibles.

Desde la acera, todavía es posible ver en el patio posterior a las estructuras metálicas oxidadas de tres buses de personal de la institución que fueron carbonizados, así como a una montaña blanca de papeles -muchos documentos de auditorías- mezclados con pedazos de todo: vasos, plásticos partes de computadoras, fundas y cartones.

También está intacto el reclamo de una indemnización que no ha logrado concretarse y que se encuentra en plena disputa legal entre la Contraloría y Seguros La Unión.

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Desde octubre se han realizado valoraciones, informes y peritajes, hasta que en febrero de este año el organismo de control presentó el reclamo a la aseguradora, con la que se habían suscrito las pólizas de “todo riesgo de incendios”, “seguro contra todo riesgo de vehículos” y “equipo electrónico”, de acuerdo con la información de la Contraloría.

El informe final de daños, con el detalle y valoración, cuantificó las pérdidas en $ 13’017.568.

En julio de 2020, el contralor subrogante, Pablo Celi, exigió a la Intendencia Nacional de Seguros que disponga el pago respectivo y en agosto esta instancia le ordenó a La Unión que cumpla con la indemnización, en efectivo o a través de un cronograma de reconstrucción, en un plazo de diez días.

La aseguradora apeló tal decisión, pero el 5 de octubre pasado la Superintendencia de Compañías, que regula el mercado de seguros, negó tal impugnación e insistió en que se pague el valor pactado en las tres pólizas, más los intereses.

Pese a ello, hasta hoy, a un año de los hechos, no se concreta ningún desembolso.

Audiencias fallidas

A las 23:35 del 12 de octubre de 2019, la Contraloría presentó en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía una denuncia por el incendio de su edificio. Los supuestos delitos que se plantearon a lo largo de este año van desde terrorismo, paralización de un servicio público, destrucción de registros hasta sabotaje.

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Al día siguiente, cuando el gobierno de Moreno y la dirigencia de la Conaie buscaban una salida negociada, en la audiencia de formulación de cargos, se presentaron cargos contra 27 personas. Se dispuso la prisión preventiva de 14; mientras que para las otras 13, medidas sustitutivas (presentación periódica y prohibición de salida del país).

El 15 de noviembre hubo reformulación de cargos, pero se ordenó la libertad de los 14 a cambio de que cumplan medidas sustitutivas al igual que los demás.

La Contraloría apeló y el proceso pasó a la Sala Penal de la Corte Provincial, donde el reclamo del organismo no tuvo éxito.

El 12 de diciembre de 2019, la Contraloría presentó una acusación particular y el 2 de marzo de este año se realizó la audiencia de preparatoria de juicio. Los abogados de la defensa alegaron la nulidad del proceso, debido a que no se habría despachado un pedido de “pericia de interculruralidad”, lo que ha postergado una decisión judicial al respecto.

Para Ernesto Pazmiño, exdefensor público y abogado defensor, si bien hubo hechos delictivos en aquella jornada de protestas, los procesados no son responsables de los cargos por los que han sido llamados a las investigaciones.

A la fecha, de acuerdo con un registro del caso elaborado por la Contraloría, está pendiente que se vuelva a instalar la audiencia preparatoria de juicio.

Mientras el organismo de control espera recuperar en algo las pérdidas económicas con la indemnización y seguir con las acusaciones penales en contra de los supuestos responsables, tres guardias y una fila de vallas antidisturbios custodian los escombros, los restos carbonizados y una infraestructura absolutamente inservible. (I)

Redacción
Redacción

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