Cambian delito contra los hermanos Bucaram Pulley y Salcedo Bonilla por negocios en hospitales; Dalo pide defenderse en libertad

Luego de dos días de audiencia en el complejo judicial Albán Borja y de que intervinieran cada uno de los abogados de los quince procesados, el juez Ronald Guerrero reformuló cargos en el caso que investiga la Fiscalía General por la supuesta venta ilegal de medicamentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La fiscal Claudia Romero, quien investiga el caso, cuya instrucción fiscal empezó hace 68 días, pidió el cambio de la figura legal semanas atrás, pues aseguró que se descubrió cómo estaría estructurada la organización que supuestamente favorecía a grupos y empresarios a través de millonarios convenios de pagos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos. Según Romero, los convenios iban de los 200.000 hasta un millón de dólares.

Tras este argumento, el tipo penal pasó este miércoles de asociación ilícita, cuya pena va de 3 a 5 años, a delincuencia organizada, de 7 a 10 años.

La instrucción fiscal, que normalmente dura 90 días, se extenderá por 30 días más, es decir, la Fiscalía tendrá 120 en total para recopilar las pruebas con los que espera acusar a los hermanos Bucaram Pulley (Michelle, Jacobo y Dalo), a Gabriela Pazmiño, a los hermanos Salcedo Bonilla y a otros funcionarios y empresarios.

Son quince en total, la mayoría de ellos están prófugos con orden de prisión preventiva, sus bienes han sido enajenados y sus cuentas bloqueadas, tal como lo determinó la anterior jueza del caso, Gianella Noritz, quien pidió el cambio y fue remplazada por el juez Ronald Guerrero, quien denunció que fue amenazado hace diez días, tras la detención de Jacobo Bucaram.

En este caso, Luis J. Z., exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, tiene medidas alternativas a la prisión por una afección en su salud. Tampoco se dictó la orden de prisión para Marco S. y Jorge S., debido a que no han incumplido las medidas de presentación periódica ante la autoridad competente.

En cambio, a Estéfano A., el magistrado le dio el plazo de diez días para que regrese al país y cumpla con la presentación periódica.

El juez también le permitió a Dalo Bucaram Pulley intervenir vía telemática en la audiencia. El hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz dijo que no ha huido del país y aseguró que no hay ni una sola prueba en su contra.

“Se dice que consta mi nombre en una bitácora, un nombre mal escrito. He pedido los videos del famoso edificio, pidan los videos de los hospitales públicos para ver si consto alguna vez ingresando a un hospital público. He pedido que busquen en la Superintendencia de Compañías si formo parte de alguna compañía que haya contratado con el Estado. Jamás en mi vida he participado en un proceso de licitación”, dijo Dalo Bucaram desde Miami, donde está con su familia desde marzo.
Bucaram pidió defenderse en libertad para regresar al país, pero su pedido fue rechazado por el juez.

En audiencia

La fiscal Romero pidió al juez Guerrero que se oficie al Consejo de la Judicatura sobre la actuación de los dos abogados de Jacobo y Michel Bucaram por supuestamente dejarlos en indefensión al salir de la sala el martes, pues adujeron que lo hacían porque se acogían al derecho a la resistencia.

Ella pidió que se investigue también la razón por la que ambos defensores habrían tomado fotos dentro de la sala, lo que está prohibido.

El juez Guerrero fue recusado la semana pasada por los defensores de los Bucaram P., es decir, pidieron que fuera apartado del proceso, pues lo acusan de no ser imparcial. (I)