La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece a una Autoridad Única como responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos, según lo determina la Constitución vigente. Esta función recaía en la Secretaría del Agua, que por fusión hoy está en manos del ahora Ministerio del Ambiente y Agua (MAA).

A esta entidad se suman otras cinco que gestionan de alguna manera este recurso. La Empresa Pública del Agua que administra la infraestructura de riego y control de inundaciones, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que planifica la prevención por los efectos del agua en los territorios como las inundaciones, el Ministerio de Agricultura que es el rector de la política agraria y del que es parte la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria, más las prefecturas encargadas del riego y los municipios que dotan de agua potable y manejan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

Hay 37 Unidades de Planificación Hidrográfica que incluyen a las cuencas y el MAA informa que el presupuesto asignado para su manejo durante el 2020 es de $432 000, apenas el 0,38 % más que el 2019, según informa la entidad vía e-mail ante un pedido de entrevista realizado el 19 de junio pasado que hasta el cierre de la edición no fue concretado.

Carlos Zambrano, coordinador de Espacios de Incidencia y Diálogo Político del Consorcio Camaren, que coordina el Foro Nacional de Recursos Hídricos, indica que la multiplicidad de instituciones ha marcado la política pública del país en torno a este recurso y ha creado una crisis de institucionalidad durante décadas.

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Incluso agrega que antes de la creación del engranaje actual, en la Constitución del 2008, se planteó que funcione como un cuerpo colegiado que sea el que tome las decisiones sobre el desarrollo de la agricultura bajo riego donde esté el Ministerio de Agricultura, los gobiernos provinciales, las organizaciones de agricultores, lo que no se cumplió.

El proceso más bien incluyó la declaratoria de emergencia del sector agrícola bajo riego y se destinaron alrededor de $130 millones para contratos “que se empezaron a asignar a dedo, como se dice popularmente, y hasta ahora tienen problemas de auditorías, de fiscalización, de corrupción”, dice Zambrano.

El artículo 318 de la actual Carta Magna determina que habrá la autoridad única del agua. La decisión se tomó, agrega el especialista, porque había una dispersión con “20 instituciones que manejaban el agua”, una dispersión que se mantiene sobre todo en temas de riego.

Desde el Foro Nacional de Recursos Hídricos se ha planteado un diálogo para analizar la problemática, dice su coordinador Antonio Gaybor, quien asegura que la actual institucionalidad ha resultado más débil.

“Lo que defendemos es un principio fundamental que es mantener la autoridad única del agua y que el proceso de fusión con el Ministerio del Ambiente debilitaría muchísimo más a la Secretaría del Agua.

La fusión se debe a la decisión política que tiene que adoptar el Gobierno que es reducir el tamaño del Estado, el gasto público, pero ¿qué hago reduciendo a una entidad absolutamente ya endeble? Al hacerlo y manteniéndola en una posición subalterna pues se va a agudizar el tema. La fusión no es la salida”, dice. (I)