El gobierno de Lenin Moreno denuncia la concurrencia de presuntas irregularidades en la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para la asignación de frecuencias de radio, en la que se habría incluso "suplantado identidades" de personajes públicos para hacerlos aparecer como interesados en conformar dicha veeduría, convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) formalizó su impugnación en contra de los nueve integrantes de la veeduría ciudadana que conformó el CPCCS para vigilar el proceso público competitivo para la asignación de más de 3 mil frecuencias de radio.

El organismo hizo público la noche de este 8 de julio, varias anomalías en el proceso de conformación.

La veeduría está integrada por Emilio Uzcátegui Jiménez, Carmen Aguilar Merino, Bernardo Cañizáres Esguerra, Fernando Villacrés Castro, César Ricaurte Pérez; y los nuevos veedores Washington Dután, Gilberto Gutiérrez Perdomo, María Ramírez Campos y Roberto Wohlgemuth Jarrín.

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En una primera ocasión, el Consejo de Participación aprobó la integración de esta veeduría el 20 de mayo pasado, y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, denunció que uno de los miembros Héctor Velasco tenía "conflicto de intereses" porque en el 2016 había dirigido una carta al exvicepresidente de la República, Jorge Glas solicitando apoyo para beneficiarse de la frecuencia que actualmente posee radio Democracia (EXA).

Esta frecuencia se disputaba en el anterior concurso de asignación de frecuencias que se llevaba a cabo en el gobierno de Rafael Correa, a través de la Arcotel y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom).

Incluso otro de los actuales veedores, César Ricaurte, director de la organización de la sociedad civil Fundamedios denunció de esta acción de Velasco.

Ricaurte reveló en una rueda de prensa días atrás la carta de Velasco, en cuyo contenido el exveedor se mostraba confiado de que alcanzarían el puntaje para acceder a la frecuencia, pero comprendía la "coyuntura política" de ese entonces, por lo que pedía a Glas que le apoye para enfrentar los "embates, seguramente, de la oposición que llevará a cabo una vez que se enteren de nuestra intención, si es posible que nos apoye a través de la Secom, la Arcotel, y el Cordicom", se observó en el documento.

Velasco finalmente renunció a integrar la veeduría después de los cuestionamientos.

En tanto, el Consejo de Participación -a través de un comunicado público- defendió el proceso de selección de los veedores, y justificó que no se presentaron impugnaciones en contra de ninguno de los participantes.

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En ese contexto, la Arcotel detalla en su impugnación que la resolución de designación "solo expresa de forma general que se procedió a verificar los requisitos e inhabilidades de los postulantes, señalándose los nombres de quienes cumplen con dichos requisitos y quienes no cumplen con los mismos; sin embargo, no se aprecia el detalle de requisitos presentados y el análisis realizado de la documentación que ha servido como sustento para admitirlos como veedores".

Cuestionan que "no se puede apreciar" que el Consejo "haya realizado la revisión verídica de la experiencia y perfil profesional técnico en el área de telecomunicaciones de las personas seleccionadas".

Ejemplifican que se desconocen las hojas de vida y perfil profesional de los postulantes, ni acreditan conocimiento o experiencia en materia comunicacional o de telecomunicaciones.

En el caso de Uzcátegui observan que es funcionario de la Asamblea Nacional como asesor "lo cual puede acarrear injerencia política". De Aguilar "no se aprecia la hoja de vida y perfil profesional, ni se acredita conocimiento o experiencia en materia comunicacional o de telecomunicaciones". Lo mismo objetan de Cañizares, de Villacrés, y de Ricaurte.

A esto se suma, que la Arcotel fue notificada el 7 de julio con la designación de nuevos veedores, entre los que están Dután, Gutiérrez, Ramírez, y Roberto Wohlgemuth Jarrín, quienes no habrían "sido designados mediante resolución", incumpliendo el Reglamento General de Veeduría, a la vez que desconocen el proceso de selección realizado, así como la documentación que valida el cumplimiento de los requisitos e inhabilidades.

Sobre todo, surge la preocupación por la designación de Wohlgemuth Jarrín, por ser un exfuncionario cercano al expresidente Correa, que incluso ocupó cargos como el de consejero de gobierno.

El ministro Andrés Michelena lo denunció la noche de este miércoles en su cuenta de Twitter: "Vamos de mal en peor. El CPCCS nombra a @mashiroberto (Roberto Wohlgemuth) veedor del concurso de frecuencias. Arcotel ya realizó una impugnación a los nuevos integrantes de la veeduría. ¡No afectemos la libertad de expresión!", indicó.

Wohlgemuth le respondió también por Twitter. "Andrés, si el concurso es transparente y libre de corrupción no debes temer. ¿Por qué tanta preocupación a la participación ciudadana? Por cierto, en el 2018 deje de ser accionista de la empresa que señalas, y que Facebook me haya quitado mi perfil no me inhabilita como veedor".

Esto en relación al anuncio de la red social Facebook de que eliminó 41 cuentas y 77 páginas de esa plataforma, así como 56 cuentas de Instagram por tener un comportamiento no auténtico coordinado al violar la política de interferencia extranjera.

Una de las cuentas que se eliminó, era de la empresa de relaciones públicas Estraterra, de la que había sido parte Wohlgemuth, como su cofundador.

La conformación de la veeduría surgió por una propuesta del consejero del CPCCS, Juan Javier Dávalos, afín a Rafael Correa, y quien forma parte de la 'mayoría' en la toma de decisiones del organismo, junto a los vocales, David Rosero, Christian Cruz y Francisco Bravo.

Pero no solo esto inquieta a la Arcotel. Sino también, la denuncia de la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) Mariana Velasco, que había hecho llegar su rechazo y protesta al Consejo de Participación porque habían "tomado su nombre y su firma" para inscribirla como postulante.

Los documentos revelados por la Arcotel muestran la denuncia de Velasco, en la que narra que el 25 de junio conoce que "de manera fraudulenta" consignaron su nombre y su firma en los documentos de inscripción.

"Manifiesto que JAMÁS (sic) he postulado en dicho concurso, y quien abusiva e ilegalmente tomó mi nombre, y al parecer también de otros destacados ciudadanos, en el intento de validar la designación de veedores escogidos por el CPCCS, no solamente simulan fraudulentamente la participación en una veeduría ciudadana, sino que en el boletín oficial de la entidad añaden una mentira más a la patraña señalando que los 7 ciudadanos fueron notificados oportunamente para subsanar dichos errores, pero no lo hicieron.

Efectivamente, el Consejo en un boletín del 24 de junio pasado, informó que los ciudadanos que no fueron acreditados por no completar el formulario y falta de documentos son: "Edgar Jaramillo, Francisco Huerta, Hernán Pérez Loose, José Ayala, Roberto Aspiazu, Carlos Larco y Mariana Velasco".

Se precisa que ellos habían sido notificados para subsanar los requisitos "pero no lo hicieron", por lo que no fueron admitidos a formar parte de esta instancia.

Velasco había advertido que presentará una denuncia en la Fiscalía General para que se investigue la "suplantación de identidad y falsedad en documento público".

Y solicitó al presidente del Consejo, Christian Cruz que le informe los nombres de aquellos que habrían suplantado su identidad para inscribirla.

El CPCCS no se ha pronunciado sobre estas denuncias.

La Arcotel está organizando el proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio, en el que están a disposición 3196 frecuencias FM, de las que 2212 son para medios privados y 984 para medios comunitarios. (I)