Fiscalía muestra preocupación por resoluciones de jueces en investigaciones de actos de corrupción que lleva la Fuerza de Tarea

Actualizada a las 14:36 "Profunda preocupación" le generaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) las decisiones adoptadas en estas últimas horas por los órganos jurisdiccionales respecto a casos que investiga la Fuerza de Tarea. Así se explicó en un comunicado previo a la entrevista que fiscal general Diana Salazar respondió en el noticiario del mediodía de Ecuavisa.“Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de su libertad”. Así reaccionó tras conocer este jueves las decisiones judiciales respecto a las detenciones realizadas ayer al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en casos separados sobre insumos médicos por la emergencia sanitaria debido al coronavirus en Ecuador por la Fuerza de Tarea creada el lunes último y que es presidida por la fiscal general Diana Salazar."Con sorpresa recibimos los resultados", expresó tras conocer que a Bucaram se le dio prisión domiciliaria, y al prefecto Morales se le dictaron medidas cautelares como prohibición de salir del país."Debemos tener conciencia de que la justicia funciona como un engranaje. En este caso, los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía: los casos de corrupción son tratados de una manera distinta. La prisión preventiva debe ser aplicada en casos de corrupción", agregó Salazar.En aquellos casos de delitos menores en que se sutraen un celular ahí sí reciben medidas de prisión preventiva, lamentó."No nos tiembla la mano para actuar con justicia, no nos vamos a detener. Todos los casos que deban ser presentados ante los jueces, independientemente de quienes sean sus actores, serán presentados", dijo durante la entrevista."Como órgano técnico especializado y titular de la acción penal, la FGE actúa con sujeción a la Constitución, la Ley y los convenios de derechos humanos. Y si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos", se indicó en el comunicado.Horas antes al mismo, en la cuenta institucional de Fiscalía se colocaron dos mensajes respecto al tema. En el primero se señalaba que a pesar de que la institución justificó la solicitud de prisión preventiva contra ocho procesados por tráfico de influencias, entre ellos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el juez a cargo emitió medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el dispositivo de vigilancia.Otro de los casos señalados fue el que tiene que ver con el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, contra quien la Fiscalía pidió prisión preventiva por el delito de tráfico de armas y municiones, el juez del caso ordenó arresto domiciliario. Ambos casos se dieron en el marco de operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la FGE.En el comunicado se explica que Ecuador vive un estado de excepción por la emergencia sanitaria que ha dejado ya miles de víctimas mortales, ha colapsado el sistema nacional de salud y ha afectado profundamente el desarrollo productivo del país. Paralelamente, se indica, se han hecho públicas una serie de denuncias sobre presuntos sobreprecios e inconsistencias en proceso de contratación para dotar de insumos médicos a hospitales y entregar asistencia humanitaria.Para la Fiscalía las víctimas de estos "reprochables actos de corrupción" demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad."El combate a la corrupción debe ser integral, es un compromiso continuo de la sociedad y particularmente de las instituciones de la Función Judicial. (...) La FGE hace un llamado a los demás órganos del eje de justicia para que asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia, en el marco de sus competencias y del debido proceso", refiere la FGE en su comunicado. (I)

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