Las conversaciones que mantenían el Estado ecuatoriano y la constructora brasileña Odebrecht desde julio del año pasado fracasaron y la posibilidad de que el país reciba una compensación económica volverá a ventilarse en los organismos competentes; principalmente, el Servicio de Rentas Internas (SRI), por determinaciones tributarias; la Contraloría, por glosas; y la justicia ordinaria, que en sus sentencias podría establecer montos de reparación integral.

Según el procurador general, Íñigo Salvador, la compañía le puso cuatro condiciones que llevaron a terminar con cualquier acercamiento:

“Si estas condiciones no se cumplían, Odebrecht sostenía que podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano (la entrega de información para que la justicia determine responsabilidades por el pago de sobornos para adjudicarse obras). Esta es una coacción, una coerción, que no estamos dispuestos a tolerar. Y esa es la razón fundamental para que la Procuraduría, como portavoz de las autoridades que se encontraban conversando con la empresa, ha decidido dar por terminadas las conversaciones”, aseguró Salvador, en rueda de prensa realizada esta mañana.

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Los diálogos empezaron en julio de 2019 y tuvieron sus mayores tropiezos a finales de año. La segunda reunión oficial de autoridades y representantes de la constructora se llevó a cabo en agosto. Hasta entonces, las partes intentaban llegar a un acuerdo en cuanto a los componentes de la indemnización.

Sin embargo, la tercera reunión, prevista para octubre, tuvo que ser postergada por las protestas de la Conaie. En esa cita, precisamente, tenían que hacerse definiciones sobre las glosas establecidas por la Contraloría, que superaban los $ 100 millones.

Salvador indicó que el incendio del edificio de la Contraloría en Quito retrasó las conversaciones, pues hubo información que tomó tiempo en ser recuperada.

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En diciembre, la compañía llegó a la mesa de diálogos con nueva dirección de su oficina en Quito. En ese mes, para el procurador, “Odebrecht cambia de representante legal y cambia también la actitud. Es a raíz de la participación de Mauricio Ruiz (NDLR: el nombre correcto del nuevo director regional es Mauricio Cruz Lopes) que las cosas comienzan a torcerse y esta especie de “tomen lo que les ofrecemos o déjenlo” se evidencia por primera vez (sic)”.

Con el deterioro de las relaciones y, además, la negativa de la empresa a reconocer irregularidades en el poliducto Pascuales-Cuenca, el 2020 empezó malos presagios. Al inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en marzo pasado, una nueva carta de Odebrecht contrarió a las autoridades ecuatorianas: tenía nuevos condicionamientos que, en síntesis, plantean que “solo lo que reste (luego de pagar las deudas de la constructora) será objeto de indemnización al Estado ecuatoriano”.

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Salvador sostiene que los últimos oficios revelaron no solo que “ya no había buena fe, sino las intenciones de poner un monto arbitrario”.

En diciembre pasado, recién llegado al país, Mauricio Cruz negó que se estén poniendo condicionamientos para llegar a un monto de indemnización; sin embargo, hizo hincapié en que la compañía tenía deudas con 80 proveedores, por $ 9 millones, y glosas tributarias, por $25 millones. “¿Qué cooperación eficaz puede haber de una empresa que desapareció? Es lo que va a pasar aquí si nos asfixian”, dijo entonces en entrevista con EL UNIVERSO.

Tras los pronunciamientos de Íñigo Salvador, Odebrecht emitió al mediodía un comunicado en el que señaló que "a pesar de que la empresa ha intentado continuamente retomar los diálogos, recibimos la notificación oficial de la Procuraduría General del Estado sobre la finalización unilateral de los mismos" y explicó que "en caso de que el Estado ecuatoriano decida retomar los diálogos, la empresa se encontrará siempre a su disposición y realizará todos sus esfuerzos para alcanzar dicho acuerdo". (I)