La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió declarar persona no grata al legislador de Pachakutik (PK) Eddy Peñafiel, por dar su voto a favor de la Ley Humanitaria que se aprobó el pasado viernes en la Asamblea Nacional; y solicitarán que se le inicie una investigación en el marco de la jurisdicción indígena para revelar cuáles fueron las supuestas "negociaciones" que lo llevaron a respaldar el articulado.

La organización indígena reunió a su Consejo Político de manera virtual el sábado pasado, y se pronunciaron en diez puntos, respecto de la situación económica y sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus (COVID 19).

La resolución empieza rechazando la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario porque "favorece el enriquecimiento de la burguesía y atenta contra los derechos de los trabajadores, campesinos e indígenas".

Y en esa línea anuncian su "repudio a la actitud traidora de Eddy Peñafiel, quien en una conducta entreguista a los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros, así como al gobierno neoliberal de Lenin Moreno, votó a favor de esta ley y por ello pedimos su expulsión en base al régimen del movimiento Pachakutik, además que lo declaramos persona no grata", señala el texto.

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También solicitan que se le "inicie una investigación en la jurisdicción indígena para identificar a quienes estuvieron detrás de las supuestas negociaciones" para que dé su voto a favor de la norma.

PK, brazo político de la Conaie, dispuso horas antes de la plenaria del viernes 15 de mayo, que sus legisladores no voten a favor de la misma. Pero Peñafiel, representante por la provincia de Orellana, la respaldó.

El director nacional de la agrupación, Marlon Santi anunció el fin de semana que expulsarán a Peñafiel de sus filas.

En esa medida, llaman a las coordinaciones provinciales de PK que "de manera obligatoria se realice un trabajo coordinado con las organizaciones de base para garantizar el fortalecimiento del movimiento indígena".

En materia económica, reiteran la ejecución urgente de su programa económico, elaborado por el Parlamento de los Pueblos, entregado después de las protestas de octubre del 2019.

Piden que se destituya al ministro de Economía, Richard Martínez por pagar la deuda externa y recortar en $ 98 millones el presupuesto para las 32 universidades públicas del país.

Exigen además que el gobierno nacional destine recursos para la adquisición de pruebas para el COVID 19; y en otros ámbitos, anuncian que continuarán con las ferias comunitarias para paliar la crisis económica, y remitirán una carta a la ministra de Educación, Monserrat Creamer para tratar el tema de la educación virtual en las comunidades indígenas que "no están abastecidas con Internet", recalca la resolución suscrita por el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y los líderes de las organizaciones filiales, como Marlon Vargas, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae); Javier Aguavil, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Campesinas de la Costa (Conaice), y Carlos Sucuzhañay de la Ecuarunari. (I)