La Comisión de Educación aprobó una resolución mediante la cual solicitó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional disponga la terminación del presente año escolar 2019-2020, para todo el régimen Sierra- Amazonía, por la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19.

La suspensión de la actividad escolar incluye la modalidad virtual implementada por el Ministerio de Educación. Aunque, se añadió un texto de que en caso que el Ministerio de Educación dé por terminado el año escolar, mantenga habilitada la plataforma digital para quienes deseen continuar con el autoaprendizaje.

En el texto, los asambleístas también piden que se prohíba cualquier actividad presencial en las instituciones educativas con la finalidad de precautelar la seguridad de los estudiantes y docentes.

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La resolución, según el presidente de la Comisión, Jimmy Candell, se redactó y aprobó luego de recibir información de la ministra de Educación, Monserrat Creamer, sobre el plan educativo COVID-19 , pero a criterio de los legisladores quedaron pendientes algunos cuestionamientos como la situación de aquellos estudiantes que no tienen acceso a las plataformas para incorporarse al reforzamiento de conocimientos y la sobresaturación de la plataformas.

Candell justificó el pedido considerando que es necesario que el Ministerio de Educación adapte sus decisiones a la crisis sanitaria que padecen todos los ecuatorianos, pues no es posible seguir observando que en los hogares se preocupen más de cumplir con los deberes escolares que precautelar por la salud, alimentación y seguridad. Además añadió muchos padres, en medio de crisis, se preocupan por el pago de las pensiones cuando no se recibe el servicio educativo completo.

Por otro lado, dijo que resulta inapropiado exigir a los docentes que permanezcan más de seis horas frente a un computador solo por cumplir un horario de servidor público, más aún cuando ni siquiera han sido cancelados sus salarios del mes de marzo por parte del Ministerio de Finanzas.

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La vicepresidenta de la Comisión, Jeaninne Cruz, anunció que si el COE no acoge el pedido, la resolución pasará a conocimiento del pleno para un pronunciamiento institucional.

Internet gratuito

La comisión en su texto pidió al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para que en coordinación con el Ministerio de Educación establezcan un plan de emergencia para proveer de forma gratuita internet para aquellos estudiantes y docentes que por falta de recursos no pueden acceder a este servicio.

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Solicitan al Ministerio de Educación que revise el plan educativo COVID-19, implementado para el régimen Sierra-Oriente, a fin de que los estudiantes que no tienen acceso a equipamiento tecnológico puedan continuar con su proceso educativo durante la emergencia sanitaria.

Además, que previo al inicio de actividades académicas del régimen Costa-Galápagos realice la correspondiente evaluación de las capacidades tecnológicas instaladas hasta el momento y del personal docente capacitado. El informe, según resolvió la mesa debe ser presentado en un plazo de quince días.

Otro de los puntos de la resolución tiene relación con la estabilidad laboral de todos los docentes del país y eliminar la sobrecarga de actividades laborales a los docentes que se encuentran adaptándose a la modalidad de teletrabajo.

Pago a educadores

Igualmente, solicitan al Ministerio de Finanzas que proceda a la transferencia inmediata de sueldos y salarios de los docentes del magisterio correspondiente al mes de marzo.

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Otro de los pedidos que hizo la comisión es solicitar al Ministerio de Finanzas en coordinación con los Gobiernos Autónomos descentralizados mantengan el servicio de alimentación escolar para los niños, niñas y adolescentes a través de entrega directa de los productos alimenticios durante la emergencia sanitaria.

En torno a las instituciones educativas particulares, la Comisión de Educación pidió al Primer Mandatario para que reforme el Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural, y establezca un régimen especial para que las instituciones educativas particulares ajusten el cobro de aquellas pensiones que se generen durante la emergencia sanitaria a la realidad económica de las familias y ejecuten un régimen de descuentas y formas de pago. (I)