La corrupción afecta a las personas en situación de pobreza debido a que por su condición de vulnerabilidad sufren de manera agravada las consecuencias del fenómeno, dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 31 de diciembre último.

El documento de 209 páginas agrega que uno de los efectos es que “los Estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, es decir, hay menos recursos para garantizar la alimentación, salud, vivienda y educación. Allí yace la relación medular entre “Corrupción y derechos humanos”, como titula el informe citado.

En Ecuador tiene un mayor impacto en el 25 % de la población, unos 4,3 millones de habitantes considerados pobres porque obtienen ingresos mensuales por debajo de los $84,8.

Los 70 asambleístas que votaron No o se abstuvieron para la incautación de bienes por delitos de corrupción

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Esta publicación se nutre del informe de febrero del 2019 en el que la CIDH analiza el rol de los sistemas de justicia de América Latina. En este se indica que “Lava Jato (que derivó en el caso de las coimas pagadas por Odebrecht a cambio de contratos millonarios en la región) puso en evidencia no solo la existencia de amplias y sofisticadas redes de corrupción transnacionales, sino también su modus operandi altamente complejo, planificado y centralizado, en el que los intentos de control de los sistemas de justicia, era un componente fundamental de sus estrategias ilícitas, para garantizar la impunidad”.

Ante la complejidad de la corrupción hay una corriente que plantea equiparar los actos vinculados a este fenómeno con los delitos de lesa humanidad o los considerados internacionales.

El art. 233 de la Constitución ya indica que el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, algunos de los principales delitos vinculados a la corrupción, son imprescriptibles, una de las características de los delitos de lesa humanidad.

Pero al incluir la corrupción como un crimen internacional, el seguimiento y la persecución tendría un matiz más global, indican los que están a favor de este postulado. Que sean “pesquisables y punibles de oficio en cortes nacionales e internacionales, esa es la aspiración”, afirma Jaime Costales, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Cada país tendría que recurrir a reformas constitucionales y legales internas para considerar a parte de los delitos de la corrupción como de lesa humanidad en sus legislaciones.

El informe de la CIDH indica que “los Estados deben revisar su legislación en materia sancionatoria sobre corrupción, particularmente, la legislación penal con el objetivo de adaptarlas a las nuevas formas de corrupción que se presentan en la región" en referencia a las que tienen un carácter transnacional.

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Y resalta “la relevancia de la cooperación entre los sistemas de justicia de los Estados” con el intercambio de información, la creación de unidades de investigación multilaterales y una política coordinada de identificación de activos derivados de la corrupción para su recuperación.

Juan Pablo Albán, profesor de Derecho Penal Internacional de la USFQ, asegura que si es necesario que los Estados desarrollen mecanismos de cooperación internacional para la persecución en el exterior de estas conductas. “Las estructuras de corrupción no operan a nivel local, estas aprovechan una forma de Gobierno particular y a través de la presión económica de las grandes empresas extranjeras (transnacionales) logran hacerse entregar contratos, pero considero que allí no hay un crimen internacional porque no hay un bien jurídico de trascendencia para toda la comunidad mundial como colectivo”, indica.

El especialista recalca que la tipología no sería como un crimen de lesa humanidad, ya que estos tienen elementos característicos, como un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil que se concreta a través de un acto inhumano como la esclavitud, desplazamiento y prostitución forzada, persecución, tortura, asesinato.

Sobre los delitos internacionales, dice Albán, hay cuatro tipos penales: el genocidio, la agresión, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Su característica principal es que el bien jurídico que protegen es de interés de la comunidad internacional como colectivo de Estados. En el de agresión, por ejemplo, se busca la protección de la paz cuando dos países o más entran en conflicto bélico.

En el crimen de genocidio se busca preservar la existencia de los distintos grupos humanos, es decir, el bien colectivo por proteger es la dignidad humana, acota.

Ecuador mejora en el Índice Global de corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, publicado en enero pasado por la ONG Transparencia Internacional, indica que Ecuador mejoró significativamente seis puntos desde el 2016 para acumular un puntaje de 38. “En los últimos dos años, el Gobierno revocó algunas restricciones a la sociedad civil”, dice el informe como justificación del ligero avance. Aunque seguidamente añade que “el régimen conserva un poder regulador excesivo sobre las ONG”.

Con 38 puntos, el país se ubica en el puesto 93 de un listado de 180 países ordenados de los menos a los más corruptos.

Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede en Quito, afirma que la lucha y el destape de la corrupción tiene que venir por el lado de la sociedad civil organizada a través de ONG, de gremios sectoriales, las universidades y el periodismo de investigación.

"En los Estados donde la corrupción está tan incrustada es difícil que el funcionario público sea el que persiga la corrupción si en mucho de los casos son parte de la misma corrupción", Santiago Basabe, analista.

Un buen síntoma actual, señala Basabe, es que hay una mayor libertad de asociación: “Durante la década del expresidente (Rafael) Correa lo poco que había fue, prácticamente, pulverizado, se pasó un cedazo, por ejemplo, sobre la cooperación internacional que era orientada a unos temas y a otros no. La cooperación ya no podía enviar sus recursos inmediatamente sino que necesitaba una autorización del Gobierno”.

Basabe agrega que en los casi tres años del presidente Lenín Moreno, quien ofreció “una cirugía mayor a la corrupción”, se dio un cambio pero no ha sido drástico. “Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) firmó un acuerdo de entendimiento el año pasado (...). Su retorno es una buena señal para el resto de organizaciones internacionales. Creo que se ha avanzado un poco en volver a generar confianza en ese entorno internacional para que vuelvan a financiar, el resto tiene que venir con el tiempo. De un plumazo se puede destruir, pero volver a construir cuesta mucho”.

Un indicio positivo de mejora sería que el próximo Gobierno respete la designación y el periodo de la Fiscal General y de la Corte Constitucional, indica Basabe.

Más que un aletargamiento de la sociedad civil, Albán observa que desde el poder político no se ofrecen las condiciones para que esta cumpla el rol del combate de la corrupción: “Sigue habiendo persecución judicial selectiva como en la época de Correa en la que no había garantías de independencia judicial (...). En la audiencia de apertura del caso Sobornos se le dan a la Fiscalía tres horas para que formule su alegato de apertura, su teoría del caso y a cada acusado se le dan diez minutos”.

Cuando en su momento, estas cuestiones lleguen al conocimiento de organismos internacionales, añade Albán, se dirá que se ha usado el aparato judicial para perseguir.

El tema pasa también por un cambio cultural. “Los ecuatorianos tenemos que modificar la idiosincrasia de sacar partido del otro, pasarse de vivo, la viveza criolla tradicional y empezar a ver las cosas con un sentido de más empatía, de más compasión por los demás”, añade.

"La lucha contra la corrupción no se limita a inhabilitar a algún caudillo que pudiera volver a llegar al poder, se extiende a transparentar el por qué se cometieron ciertos actos , cuáles han sido los efectos y sobretodo a reparar a los ciudadanos y garantizar la no repetición”, Juan Pablo Albán, profesor de derecho penal internacional.

Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, asegura que falta voluntad política para hacer los cambios estructurales contra la corrupción.

En septiembre último, 70 asambleístas se abstuvieron o votaron no ante una reforma del Ejecutivo que buscaba incautar los bienes y valores dentro de procesos legales por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo. “La ley de extensión de dominio para darle velocidad a la expropiación de bienes obtenidos a través de la corrupción reposa diez años en la Asamblea, fue un pedido de Naciones Unidas. Vivimos un estado de eminente impunidad”, dice. (I)

"Es vergonzoso, no se adelantó la reforma estructural legal y operativa, siguen los mismos actores del régimen anterior y seguimos con las mismas leyes", Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción.