El 3 de enero pasado, al leer el llamado a juicio de 21 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, la jueza Daniella Camacho dejaba “constancia” que los archivos verdes analizados refieren a más personas y empresas y llamaba la atención a Fiscalía por no haberlas tomado en cuenta en su acusación.

Camacho decía que los hechos relatados en la acusación reflejan una “conducta criminal grave y compleja”, de la cual el cohecho constituye una de sus dimensiones, pero no la agota. “Fiscalía debería respetar el principio de objetividad e investigar a todas las personas a las que ha hecho referencia la noticia críminis que dio origen a este proceso”.

La respuesta inmediata de la fiscal general, Diana Salazar, sin dar mayores detalles, fue que están investigando de forma previa casos por delitos como tráfico de influencias y lavado de activos. Solo adelantaba a los medios que Odebrecht y otras compañías estarían siendo también investigadas.

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Según Fiscalía, al 13 de febrero eran seis los casos que están en investigación previa por cohecho y tráfico de influencias; por lavado de activos, se explicó, se estaría estructurando el caso, “porque son grupos de personas investigadas”. Para octubre, ya había oficiado por investigaciones previas por cohecho a cinco personas y por tráfico de influencias a dos.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en una boleta de notificación, del 28 de octubre de 2019, explicaba que de la revisión de los recaudos del expediente de instrucción fiscal del caso Sobornos existía documentación a través de la cual se presume el cometimiento de varios delitos.

En el caso por cohecho quienes fueron notificados de que son investigados de forma previa son exfuncionarios que aparecen nombrados en algún documento de los denominados archivos verdes. Igual sucede con los exfuncionarios notificados dentro de la indagación por tráfico de influencias.

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En ambos casos Fiscalía busca conocer si existe o no un delito y la participación o no de esas personas. De tener elementos de convicción, sustentarán una formulación de cargos y el inicio de instrucción fiscal. De no encontrar méritos, la investigación sería archivada.

Desde el 4 de febrero, en esa etapa previa de investigación también está el expresidente Rafael Correa; el exministro de Transporte, Aurelio Hidalgo; el empresario José Verdú y su compañía Verdú S. A. No hay un delito en concreto que se investiga, pero Fiscalía, con base en información del expediente del caso Sobornos, presume la existencia de hechos ilegales.

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En la causa Sobornos, Correa es uno de los once exfuncionarios que enfrenta una audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho; mientras que el empresario Verdú recibió en ese caso un sobreseimiento.

El miércoles último, Alexandra Mantilla, criminóloga que realizó una pericia de perfilación criminal por orden de la Fiscalía dentro del juicio por el delito de cohecho, señaló entre sus conclusiones no solo que identificó la existencia de una “estructura delictiva”, sino también explicó que para tener una visión generalizada del delito investigado deberían ser parte de este proceso quienes son mencionadas por las cinco personas que ella entrevistó en su pericia. Cree que deberían incluirse “al menos con entrevistas” a representantes legales de empresas y los principales representantes de Alianza PAIS, de manera especial las personas encargadas del manejo financiero del movimiento.(I)

Audiencia

Reinstalación

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Hoy está previsto que se reinstalará la audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016.

Defensa de procesados

La diligencia arrancará con la presentación de pruebas periciales, testimoniales de los abogados de procesados. Mañana será el turno de la defensa de Rafael Correa y otros exfuncionarios. Y el viernes de un tercer grupo.