En el 2019 quiso ser fiscal general y quedó en décimo tercer puesto, antes ya había sido juez de Garantías Penales del Guayas. Ahora, José de la Gasca es el nuevo secretario anticorrupción.

¿Cómo llegó al cargo?

Recibí una llamada de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y fue decisión del presidente (Lenín Moreno).

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Hace un año, el Gobierno denunció varios proyectos petroleros con sobreprecio. Luego vinieron más casos, con Iván Granda y Dora Ordóñez al frente de la Secretaría. ¿Cómo hará usted el seguimiento?

Existen varias denuncias en investigación previa, en la Fiscalía. Sobre esas no puedo pronunciarme, porque están en reserva. Hay otras en instrucción, en las que hacemos acompañamiento. Quien ejerce la acción penal pública es la Fiscalía; nosotros hacemos seguimiento.

¿Qué implica seguimiento?

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Estar ahí, comparecer a las audiencias, articular con las instituciones públicas, advertir cuando hay problemas de corrupción a nivel de jueces, instar a las autoridades de control... Pero lo que más me interesa es que lleguen las sentencias por casos de corrupción, que suman $114 millones. Algunos casos están en apelación y respetamos el debido proceso. Sin embargo, cuando estén en firme, se deben ejecutar. Igual, ha habido procedimientos abreviados, en los que no se ha apelado la sentencia y hay un valor de recuperación.

¿Qué resultados hay del tema anticorrupción?

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Hay dos formas de analizarlo. Una es la recuperación de dinero o meter gente a la cárcel. Pero hay otra arista: la prevención. De lo contrario, vamos a tener escándalos y no un cambio de cultura.

Sí, pero, ante los hechos, eso se vuelve retórico.

Cuando hay procesos de educación, los cambios se ven una generación después. No es solo sacar una campaña o hacer concursos, sino cumplir compromisos. Desde 2005, Ecuador está adscrito a la Convención de la ONU contra la corrupción y se ha optado por las unidades de integridad en algunas instituciones. Queremos certificar a las empresas públicas con las ISO antisobornos. Se hace un diagnóstico para mapear los focos de corrupción....

Pero ya hay denuncias concretas. Iván Granda denunció a 17 supuestos testaferros en la Fiscalía. ¿Qué pasó en ese caso?

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Mientras eso esté en investigación y la Fiscalía no formule cargos, no puedo dar información. Nosotros hacemos seguimiento, ver qué está pasando, articular...

Se anunció que se habían recuperado $13,5 millones por el caso Odebrecht. Pero ese monto ha ingresado al fisco (una parte fue consignada por Tomislav Topic, de Telconet). ¿Qué resultados hay sobre la recuperación de dinero?

Para una recuperación efectiva se necesitan las sentencias. En este caso, por lo menos (el dinero) está en manos del Estado (en Inmobiliar), aunque no se ha podido ingresarlo ni hacer uso de él. Pero no es que no lo hemos podido ver. ¿Cuánto cree que podrá haber en bienes, de los $114 millones?

Es lo que queremos saber...

Seguramente, están afuera y estamos haciendo gestiones para la recuperación internacional. Pero con las sentencias, porque eso es lo primero que nos van a pedir. Y no cualquier sentencia, sino la ejecutoriada. En eso estamos.

¿En eso estamos?, ¿en qué?

Me pregunta casos concretos y yo le doy acciones concretas. Insisto: tenemos que guiarnos por las normas. Se necesitan las sentencias, un proceso, órdenes de incautación, de retención... Y todo eso es judicial, depende de que se inicie el proceso. ¿Por parte de quién? De la Fiscalía.

De los $114 millones, ¿cuánto está en sentencias ya ejecutoriadas?

El caso de María Sol Larrea (exfuncionaria del IESS), entiendo que hay $4 millones que ya se pueden ejecutar. El tema es ver si en efecto hay bienes y recursos para que pasen al Estado. (I)