La protesta indígena marca el debate entre el derecho y el delito

Dos meses después del paro nacional en rechazo a las medidas económicas, en el Ecuador se mantiene el debate sobre el respeto al derecho a la protesta, y el papel del Estado en el control y uso progresivo de la fuerza.Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos a propósito de los 71 años de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en esa coyuntura uno de los pronunciamientos que ha alterado al gobierno de Lenín Moreno fue el que emitió la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.Ahí se recoge que el equipo de la Oficina que visitó el país del 21 de octubre al 8 de noviembre pasado, a propósito del paro nacional que protagonizó el movimiento indígena de la Conaie, recibió informes que indican que la actividad represiva de la fuerza pública “no se ajustó a las normas y criterios internacionales, entre otros aspectos, por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”.Para el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, la declaración “lleva directamente a que se le tilde al Ecuador de haber realizado ejecuciones extrajudiciales. Eso no se puede decir”, subrayó en una entrevista.Él asegura que el Estado se ciñó a las leyes vigentes y no utilizó armas letales para controlar las protestas, de lo contrario se habría llegado a una guerra civil. Y que por el grado de criminalidad y terrorismo “no es simplemente de salir con consejos o sugerencias, o amonestaciones para que dejen las armas”, añadió.Elsie Monge, directiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), marca una distinción: el Estado tiene la obligación de proteger los derechos ciudadanos y al usar excesivamente la fuerza, viola el derecho humano; pero cuando un agente es agredido, es un delito. En los dos casos, debe investigarse, enfatizó.El asambleísta Fabricio Villamar (Ahora) va más allá y opina que “utilizar el discurso de los derechos humanos es para dar impunidad al cometimiento de delitos. Cuando saquearon un almacén, ahí no hay respeto a los derechos humanos; o cuando manosearon a una policía, no se debe proteger a los que manosearon”, dijo. Detenidos y heridos Las secuelas de los once días de protestas en octubre, detalla en cifras oficiales, la detención de 1330 personas; 1507 heridos, atendidos en casas de salud, 435 de ellos habían sido policías; y ocho personas fallecidas. La Fiscalía General informó que ha recibido 271 denuncias por delitos en contra de la administración pública y, además, se señala que hubo 1419 personas detenidas. 275 de ellas, por el tipo de delito de ataque o resistencia.La falta de coincidencias en las conclusiones y recomendaciones llevaron a la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga los hechos del paro nacional de octubre a aplazar un día la presentación de su informe final.Los comisionados no se ponen de acuerdo si el informe incluirá o no responsabilidades políticas individuales; tampoco tienen datos uniformes sobre el número de fallecidos ni coinciden si se debe incluir como una de las conclusiones si hubo acciones desestabilizadoras.Tampoco hay acuerdo en que si se debe respaldar el trabajo de la fuerza pública durante las manifestaciones, como lo planteó César Rohón (PSC), o si se incluirá en el informe la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó medidas de protección para garantizar la vida e integridad de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y los dirigentes de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y Christian G. Este pedido lo formuló la delegada de la bancada correísta, Doris Soliz.En lo que sí coincide la mayoría es que la emisión del Decreto Ejecutivo 883 fue el inicio de toda la crisis y que se debe hacer un llamado a la paz.El debate continuará hoy, y algunos legisladores prevén plantear que se debe reconocer que en la protesta hubo violencia organizada, que no puede confundirse con la justa protesta social, y que también se tome en cuenta que hubo un uso excesivo de la fuerza. (I)

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