La Contraloría General del Estado sufrió un "ataque político" cuando fue incendiada durante las protestas de octubre pasado, concluyó el contralor Pablo Celi. 

La mañana de este miércoles, en la avenida Juan Montalvo, Celi, la fiscal general Diana Salazar, el personal del organismo y excontralores participaron de un acto simbólico de la izada de las banderas del Ecuador, de la institución y de Quito, luego de 25 días de haber sido incendiado el edificio. 

Celi en su discurso señaló que la entidad ha emitido 5 500 informes; ha establecido 10 500 responsabilidades administrativas; 6 400 civiles; y 520 indagaciones penales. 

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"Nuestra institución fue seriamente dañada por protervas intenciones. Es un organismo técnico, y (sufrió) un ataque político. Se ha plasmado un intento de sabotear una de las funciones más importantes del Estado", expresó Celi. 

Al final del acto, la fiscal Salazar remarcó que están realizando una investigación formal, "que cuando se haya terminado vamos a presentar los resultados ante los jueces, y la ciudadanía va a poder conocer la verdad de cómo se planificó, se concertó y cómo se llevó a cabo el tema, no solo en la Contraloría, sino en cada uno de los lugares del país que se vieron actos que no tienen que ver con una protesta; sino que pasaron la línea de la resistencia, y terminó en hechos vandálicos". 

Aclaró también que los procesos judiciales por rebelión que se sigue en contra de los correístas, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exlegislador, Virgilio Hernández, son investigaciones que se efectúan con "abundante y contundente evidencia que ha permitido sostener una formulación de cargos, solicitar la prisión preventiva, por elementos, no por tuits. No únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente".  (I)