Gobierno e indígenas, con ideas distintas para la economía del país

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, presentó ayer la proforma presupuestaria 2020 a la Asamblea Nacional. La proforma asciende a $31 469 millones, sin incluir la cuenta de importación de derivados, que es de $4030 millones. El Ministerio indicó que la proforma 2020 registra una reducción de al menos $1166 millones con respecto al presupuesto codificado 2019. Martínez explicó que se ha calculado una reducción del gasto público en varios ámbitos. Por ejemplo, se rebajan unos $400 millones en la masa salarial y $200 millones más en compra de bienes y servicios. Martínez también explicó que en esta proforma sí se está incluyendo un rubro aproximado de lo que se podría generar por la reducción de los subsidios de combustibles y que sería de $600 millones. Aunque aclaró que es solo un cálculo debido a que aún no se ha terminado el diálogo social sobre las fórmulas para focalizar dichos subsidios. En cambio, no se incluyeron los $700 millones de la reforma tributaria que ayer se discutió en primer debate, en la Asamblea.Como parte de los ingresos se ha establecido que habrían $2000 millones por la monetización de activos. Hay adelantos en los procesos con Sopladora y CNT, se indicó. Martínez aseguró que la proforma, que muestra la ruta económica del Gobierno para el siguiente año, será un punto de partida para conversar con el Fondo Monetario. En la mañana, el presidente Lenín Moreno participó en una reunión con sectores sociales para conversar sobre la focalización de subsidios de los combustibles.Ahí, Moreno anunció que no emitirá un nuevo decreto ejecutivo sobre optimización y focalización de subsidios a los combustibles hasta que concluyan los diálogos sobre el tema y criticó la posición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de no asistir a la invitación realizada para discutir el tema. Tras una reunión con cerca de 50 representantes de los sectores productivos, empresariales, transporte, campesinos, artesanales y más, Martínez concluyó que hay un acuerdo para que el subsidio a los combustibles no favorezca a los contrabandistas. Mientras, ayer, se desarrolló una acalorada sesión legislativa sobre la Ley de Crecimiento Económico. Se dio lectura a un polémico informe que contenía el proyecto de ley tal como lo mandó el Ejecutivo y un resumen de las opiniones recogidas en múltiples comparecencias de autoridades públicas y representantes privados durante los primeros diez días de tratamiento de la ley. Y luego se recibió en comisión general a representantes de los afectados por créditos del IECE y a cerveceros artesanales, que apoyan la ley.Ya en el debate, el asambleísta Daniel Mendoza (AP), ponente del informe, presentó los principales puntos de la ley y reconoció que esta puede ser perfeccionada. Pidió a los asambleístas que lo debatan, luego de que varios de la llamada Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) habían coincidido en que pedirían el archivo. Que los que más ganan más paguen es la consigna que plantea el Parlamento Popular de los Pueblos en su propuesta de plan económico para el país, que apunta a los “270 grupos económicos más ricos del país”. La tarde de ayer, este Parlamento que aglutinó a cerca de 182 colectivos sociales, en una convocatoria hecha por la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), entregó al régimen su proyecto, con el objetivo de que se “mantengan los subsidios a los combustibles hasta que se definan criterios de justicia y equidad”. Esto se dio en un acto en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en el que participaron su vicepresidente Luis Cabrera y el coordinador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Ecuador, Arnauld Peral, como intermediarios del diálogo entre el gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena. Una de las líderes históricas de la Conaie, Blanca Chancoso, entregó el documento al secretario general del Palacio de Gobierno, José Agusto Briones, previniéndole de que ese documento sea la “base de la discusión” de las políticas. El presidente del Movimiento Indígena del Cotopaxi, Leonidas Iza, resumió lo elaborado y exaltó que quienes deben aportar a la economía son los que más ganan. Entonces, que a estos 270 grupos se les aumente en “4 % la meta de recaudación del impuesto a la renta, que según sus cifras, en el 2017 tuvieron ingresos por $67 999 millones”, pero que pagaron $1539 millones, que “representaron el 2,2 % de sus ingresos ese año. Así, consideran que habría un incremento de $1223 millones para el fisco. También plantean imponer un impuesto del 1 % a los activos de estos grupos, lo que daría ingresos por $1157 millones; y un impuesto del 5 % al patrimonio, que permitiría obtener $215 millones. Además, reducir al 10 % el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) porque ‘dinamizaría’ la economía. Sobre recursos no permanentes, proponen que la empresa Petroecuador ‘cambie’ los términos de los contratos de prestación de servicios petroleros, y que las empresas telefónicas Otecel y Conecel paguen una contribución adicional por su posición de “dominio de mercado”. Entre sus planes está una política de al menos doce derechos sociales, para que se “suspendan todas las concesiones mineras”, ‘transformar’ el bono de desarrollo humano en bono productivo, y otros. El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, advirtió que no aceptarán “ningún decreto parecido al 883”. Agusto aseguró a los dirigentes sociales que no se expedirá ningún decreto relacionado con los subsidios a los combustibles mientras no se haya llegado a acuerdos con los diferentes colectivos. Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que asistió a esta cita, instó a Agusto a que se pida a los ministros de Estado, que les “pare la boca”, al acusarlos de que buscaron dar un golpe de Estado durante los once días del paro nacional, por efectos del Decreto 883. Otras propuestas 1.- Detener la ampliación y concesión de nuevas fronteras petroleras. Y que el Estado garantice la intangibilidad de los territorios. 2.- Eliminar los sueldos vitalicios a exmandatarios; y disminuir los sueldos de servidores públicos y privados que ganen más de $4000. 3.- Titularizar tierras, sin perjuicio de los derechos colectivos. Reestructurar deudas de campesinos afectados por políticas públicas. (I)

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