El movimiento indígena de Ecuador rechazó este jueves un proyecto de reformas tributarias planteadas por el Ejecutivo para obtener unos 750 millones de dólares en medio de problemas financieros.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lideró protestas en la crisis social desatada a inicios de octubre, informó en un comunicado que resolvió "rechazar" esa iniciativa gubernamental presentada hace una semana ante la Asamblea Nacional.

Tras invitar a distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales, en un comunicado anunciaron que iniciarán "acciones legales contra el Estado ecuatoriano ante instancias nacionales e internacionales por la violación sistemática de los derechos humanos que produjeron muertos, heridos y detenciones arbitrarias durante las protestas".

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Los indígenas volvieron a insistir en la salida de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Gobierno, María Paula Romo.

El Consejo Ampliado de la Conaie resolvió, entre otros aspectos, mantener el nexo con la ONU y exigir al Gobierno condiciones políticas y garantías de respeto a los derechos consagrados en la Constitución y a los acuerdos internacionales.

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Entre las iniciativas puestas a consideración del Parlamento, en el que el oficialismo es minoría, el gobierno de Lenín Moreno propuso que las empresas que facturaron más de un millón de dólares en 2018 aporten entre todas 532 millones de dólares en un período de tres años.

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También planteó nuevos impuestos para las personas con ingresos superiores a 100.000 dólares al año, así como sobre fundas plásticas e insumos para cigarrillos electrónicos, con miras a recaudar 750 millones de dólares en 2020.

La Asamblea deberá aprobar o rechazar las reformas tributarias en un plazo de 30 días.

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Los cambios propuestos "responden a presiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer a la clase dominante empresarial en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad", señaló la Conaie sin anunciar nuevas manifestaciones en las calles por las reformas.

Esa organización indígena y el gobierno sostienen negociaciones sobre el alza de precios de combustibles y mecanismos para focalizar ayudas económicas para los más pobres, según un acuerdo que alcanzaron el 13 de octubre para poner fin a una crisis social.

El pacto incluyó la derogatoria de un decreto mediante el cual Moreno había eliminado subsidios a combustibles -una medida pactada con el FMI que derivó en alzas, también suspendidas, de hasta 123% de los precios-.

Las fuertes protestas sociales, que duraron 12 días, dejaron 10 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, de acuerdo al más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. (I)

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