La Contraloría General del Estado notificó al expresidente de la República, Rafael Correa, de una glosa de $ 9'649.761,36, cifra que significaría un perjuicio para el Estado por decenas de desplazamientos de los aviones presidenciales sin autorización, sin plan de vuelo y sin manifiestos de pasajeros.
Asimismo, se determina que de esos 33 viajes en los aviones presidenciales Legacy y Falcon, 24 tuvieron como destino países que son considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales. Esos desplazamientos, dice el informe de Contraloría, "no contaban con la autorización ni se estableció y registró el objetivo del viaje".
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Entre las conclusiones se detalla, además, que del total de los vuelos realizados en las naves de la Presidencia, solo el 29 % fueron con el entonces presidente Rafael Correa; mientras que el 71 % restantes por otras autoridades de Gobierno, "desvirtuándose la naturaleza de los aviones, definidos como 'Aeronaves presidenciales', lo que no fue observado por el Presidente de la República, quien debió emitir la reglamentación necesaria para velar por la economía y el uso eficiente de los bienes públicos...".
A través de su cuenta de Twitter, Correa reaccionó y justificó que funcionarios de otras dependencias del Estado usaron los aviones de la Presidencia. "Debe ser algo inédito en la historia 'glosar' a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado...".
La Contraloría también determinó que en los viajes presidenciales se utilizaron paralelamente los aviones de la aerolínea TAME y de la estatal Petroecuador "sin que se haya justificado su uso simultáneo y la cantidad de personas que conformaron las comitivas, así como tampoco se señalaron los cargos y las entidades a las que pertenecían...". (I)