OEA pide investigación independiente sobre derechos humanos en Venezuela

La Organización de los Estados Americanos ordenó el miércoles una investigación independiente sobre las violaciones “graves y sistemáticas” a los derechos humanos en Venezuela.

El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluidas torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La resolución no encarga a un ente específico la responsabilidad de la investigación pero exige acceso pleno al territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha recibido una invitación de las autoridades venezolanas desde su última visita en 2002.

El texto pide una “investigación confiable, exhaustiva e independiente que permita traer ante la justicia a los perpetradores y a los autores intelectuales de violaciones de derechos humanos”.

También exige la implementación de recomendaciones contenidas en un informe elaborado por la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que documentó 5.287 muertes durante operativos de seguridad en 2018.

Unos 21 países votaron a favor de la resolución que Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Perú habían presentado el mes pasado ante el Consejo Permanente. Tres votaron en contra, siete se abstuvieron y tres se ausentaron.

Con 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausentes. Consejo Permanente de la #OEA aprueba Resolución sobre la situación de los derechos humanos en #Venezuela #OEAconVzla pic.twitter.com/a6j5V585ci

México expresó su preocupación por la situación en Venezuela pero se abstuvo de apoyar la resolución por considerar que la OEA sobrepasó sus atribuciones al reconocer a Gustavo Tarre -enviado por el líder opositor Juan Guaidó- como representante de Venezuela. Maduro retiró en abril a sus diplomáticos de la OEA, pero el secretario general del organismo, Luis Almagro, acogió la solicitud de Guaidó de permanecer en la organización.

La embajadora mexicana Luz Baños dijo que la medida se aleja del derecho internacional y equivale a “mala práctica” porque no define “con claridad el sujeto del derecho internacional al cual se le dirigen las recomendaciones contenidas en la resolución y a quién se hará responsable de su eventual cumplimiento”.

Nicaragua, San Vicente y las Granadinas también intervinieron para expresar su rechazo la iniciativa.

Surinam dijo que el tema debería ser ventilado en la ONU y no en la OEA, mientras Bolivia adelantó que se abstendría.

Uruguay, que previamente había expresado objeciones similares a las de México, dejó su escaño vacío durante el debate previo a la adopción de la resolución.

Tarre cuestionó las objeciones porque ninguna delegación objetó las conclusiones expresadas en el informe de Bachelet.

“Da tristeza que la defensa de los derechos humanos, que es algo tan esencial, pueda escudarse tras este tipo de argucias jurídicas que no tienen fundamento”, indicó Tarre.

Cerca de 50 países reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. (I)