“No nos dejan ni sentar y comienzan con la persecución política”, y encima los medios están pendientes de que hasta se le “cae un vaso” para hacer noticia, se queja José Tuárez, quien hoy cumple un mes como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En estos primeros 30 días de funciones, la autoridad no ha logrado gestionar presupuesto para funcionar; y recién el miércoles, con cuatro votos de mayoría, se pudo ratificar en sus cargos a los tres secretarios técnicos de Participación, de Lucha contra la Corrupción y General, que él postuló.

Las primeras cuatro sesiones que se han realizado han estado marcadas por las acusaciones entre sus miembros, que se funden con los gritos de ‘hinchadas’ que apoyan a uno y otro.

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La vicepresidenta, Rosa Chalá, lo reconoció: “¡Dejémonos de shows, de tanta tontera, y dediquémonos a trabajar en lo que tenemos que hacer, en elegir a las autoridades que nos competen, y no hagamos más largo el asunto, por qué tanto problema...!”.

Su crítica surgió cuando aprobaban una resolución para “iniciar los procesos de selección de autoridades pendientes, (pero que a su vez) haya un informe jurídico sobre la designación del contralor y de las autoridades pendientes”. Aunque ni para elegirlos hay dinero.

A favor estuvieron Tuárez, Chalá, Victoria Desintonio, Walter Gómez, María Fernanda Rivadeneira, y en contra estuvo Christian Cruz. Sofía Almeida no asistió el último miércoles.

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Otra resolución que tomaron Chalá, Gómez, Tuárez y Desintonio fue crear una comisión especializada que revise el proceso “administrativo” de selección de los jueces de la Corte Constitucional (CC). La decisión tuvo tres coletazos.

La Fiscalía abrió una investigación previa en contra de los cuatro por denuncias penales que presentaron varios actores políticos, acusándolos de un posible ‘incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente’, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, ya que la misma CC emitió un fallo para que las resoluciones del CPCCS transitorio no puedan ser revisadas.

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Desde la justicia, la jueza Irene Pérez, de la Unidad Penal de Quito, ordenó “suspender inmediatamente” las funciones de ese grupo al acoger un recurso de medida cautelar planteada por el legislador Fabricio Villamar, de Ahora.

Y se añadió una causal más al expediente de trámite de juicio político que Villamar y su colega Raúl Tello (BASI) siguen a Tuárez y Gómez, por una supuesta falsificación de documentos que presentaron para postularse, y que alcanzaría a Desintonio y Chalá.

Tuárez asegura que es una persecución política de CREO porque está investigando a su “patrono”, el excandidato presidencial Guillermo Lasso.

Además de buscar los caminos para revisar lo actuado por sus antecesores, estos cuatro consejeros quieren ‘fiscalizar’ al gobierno de Lenín Moreno.

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Por ejemplo, resolvieron llamar a la fiscal Diana Salazar para que les informe en qué estado se hallan las investigaciones del caso INA Papers, relacionado con el jefe de Estado y su familia. 

Agenda suspendida

José Tuárez suspendió ayer su agenda pública en Ibarra por el temor a sufrir “posibles agresiones” por su denuncia contra el líder de CREO, el excandidato Guillermo Lasso, a quien acusó de estar inmerso en presuntos actos de corrupción relacionados con la banca. (I)