El futuro del Consejo Nacional Electoral (CNE) se balancea entre una profunda ruptura política interna entre sus miembros, con advertencias de un juicio político en la Asamblea Nacional, y los “graves incidentes” hallados en el sistema informático que transmitió los resultados de los comicios seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del pasado 24 de marzo de 2019.

El 2 de julio, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Cabrera anunciaron la contratación del informático Enrique Mafla, como coordinador nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos. Él fue parte de la Comisión Técnica por la Transparencia que observó el funcionamiento del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR) de las votaciones recientes. El también catedrático elaboró un informe propio sobre los “incidentes del 23 y 24 de marzo” que se ha mantenido en reserva. Ahí, relata que las fallas habrían surgido desde el contrato que suscribió el CNE con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que dio el servicio de alquiler del centro de datos alterno.

Por ejemplo, que las especificaciones técnicas se definieron de “manera vaga, incompleta y/o innecesaria”. El contrato “fue mal elaborado y su administración no fue efectiva”, pues cree que se debió requerir servicios y no piezas y partes. El 24 de marzo el sistema dejó de transmitir en su portal web los resultados electorales actualizados; y el problema había empezado un día antes, cuando se realizó una prueba de carga que había sobrepasado la capacidad de firewall (protección de amenazas) y provocó la suspensión del proceso de replicación.

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El 25 de marzo se había logrado restablecer el servicio entre las 04:00 y las 10:00, pero lo que se mostraba era “un servicio precario (desactualizado)”.

Agrega que el “manejo de la crisis fue caótico, descoordinado e informal. Las medidas para solucionar los problemas no lograron tal objetivo, y más bien complicaron la seguridad del STPR (actas de escrutinio y resultados electorales)”.

Y mientras salen a la luz estas inconsistencias; en lo político, las diferencias entre los consejeros se profundizan.

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El viernes último, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y el vocal Luis Verdesoto entregaron a la Fiscalía General un informe sobre las “debilidades” del sistema, reportando –por ejemplo– que existirían 9.957 Juntas Receptoras del Voto (JRV) que elaboraron actas de escrutinio con diferente número de electores.

Pita presentó su investigación el 2 de julio e instó a que se sancione a los responsables del área informática, que se encuentra a cargo de Cabrera.

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Esto ahondó la molestia. Cabrera reaccionó en su cuenta de Twitter el viernes en la noche y escribió: “El doble discurso del consejero Pita. Sigue mintiéndole al país. Tendrá que demostrar sus afirmaciones en el ámbito legal. Esta vez no le aceptaré sus disculpas públicas”.

Atamaint ha respondido: “Si algún grupo o consejeros tienen tiempo para perder en denuncias infundadas que no tienen las fuentes necesarias, que se dediquen a hacer eso. Los consejeros que sí respetamos a la institución, seguiremos con un operativo serio”, criticó.

En cambio, Verdesoto reclama que ella ejerce un “poder omnímodo de que ‘yo administro como me da la gana’. Toda la atribución está en sus manos”.

Desde fuera, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización está a la espera de que el CNE cierre el periodo electoral –pues aún están realizando elecciones en la parroquia Nankais (Morona Santiago)– para convocarlos a explicar el retraso en la entrega de credenciales a las autoridades electas el 24 de marzo.

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A esto se suma que un equipo de la Contraloría General inició con el examen especial al proceso de calificación y verificación de requisitos de los candidatos al CPCCS, que hizo el CNE Transitorio (en los que actuaron Atamaint y Cabrera), a propósito de las denuncias de presunta documentación irregular entregada por el ahora presidente José Tuárez.

Tribunal Contencioso Electoral borró tuit

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) borró del Twitter, el jueves pasado, una aclaración que hizo a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien en su comparecencia a la Asamblea Nacional para explicar la inscripción de José Tuárez como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, indicó que existía “jurisprudencia electoral” del TCE.

Pero el TCE señaló: “Los precedentes jurisprudenciales son de aplicación privativa de jueces. En los casos mencionados por Atamaint, no existe correlación con el proceso de calificación de la candidatura de José Tuárez”.

¿Dónde quiere que trabaje, presidenta? Asígneme tareas. No voy a barrer el piso del auditorio. Si piensa que el CNE puede ser lotizado, esa es su responsabilidad”. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral

Todo es ataque, todo es desprestigio, todo es denuncia sin fundamento. A mí sí me gustaría que más allá de sentarse a estar denunciando, presentaran propuestas de trabajo”. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral

Extécnicos del CNE rechazan examen de la Contraloría

Unos 50 extécnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazan el informe borrador de la Contraloría del Estado, que observó el  Registro Electoral o Padrón Electoral con el que se convocó a las elecciones generales de la consulta popular y elecciones generales del 2017, así como de la consulta popular del 2018. 

Los resultados provisionales leídos el pasado 21 de junio revelan, por ejemplo, que en el padrón para las elecciones del 2017 constaban 1.228 ciudadanos fallecidos, de los que 449 votaron; incluso, 1.860 personas de entre 101 y 136 años de edad constaban como aptas para votar, de las que 126 lo habrían hecho.

En una comunicación enviada a este Diario, los exservidores, que pidieron la reserva de sus nombres, indicaron que “la responsabilidad de la actualización de los fallecidos es del Registro Civil”; y que, de acuerdo con “un  muestreo realizado a las bases remitidas por el equipo auditor, estas personas constan como ciudadanos vivos en la página web  del Registro Civil”. 

Insistieron en  que “no se puso en riesgo las elecciones 2017 y 2018”, pues como parte de la elaboración del padrón hay   “inconsistencias dentro del margen de error menor al 1%”, por lo que las observaciones “no superarían  ese porcentaje”. (I)