Listo segundo informe del proyecto urgente para fortalecer las actividades mineras y eléctricas en el país

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, este 23 de febrero de 2026, aspira a aprobar el informe para segundo debate del proyecto económico urgente para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, cuyo objetivo es fortalecer el desempeño de estos dos sectores que permitan la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuyan a la sostenibilidad fiscal.Se trata de una propuesta que busca modernizar y reforzar el marco legal que regula las actividades mineras y eléctricas en el país. La mesa sesionará de forma telemática este lunes a las 20:55. El oficialismo espera contar con mayoría en la mesa legislativa para presentar el texto final, para que luego pase a conocimiento y trámite en el pleno. El plazo de los 30 días que tiene la legislatura para aprobar este proyecto urgente vence el próximo 27 de febrero. Para la elaboración de este informe se realizó una sola sesión el día 22 de febrero, en la que se recibió a cinco personas relacionadas: el delegado del Ministerio de Defensa, dos abogados expertos en minería y energía, y dos representantes de Condormining Corporatión y de la Corporación CercoCompetencia Económica, Regulación y Consumo.Durante el debate, la oposición ha manifestado su preocupación sobre algunos puntos. Uno de ellos es la eliminación de la obligación de obtener una licencia ambiental para acceder a una concesión minera, reemplazándola, según ellos, por una simple autorización administrativa. También ha expresado alertas sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a custodiar concesiones mineras.Desde el oficialismo se ha aclarado que esa interpretación no es correcta. El informe para segundo debate señala expresamente que el proyecto de ley no elimina controles ambientales ni reduce estándares de protección. Lo que propone es ajustar los instrumentos administrativos según el nivel real de riesgo de cada fase minera, de manera que no todas estén obligadas a tramitar el mismo tipo de licencia si su impacto es menor. Según el criterio técnico del Ministerio de Ambiente y Energía, esta diferenciación permite que la autoridad ambiental concentre sus capacidades en los proyectos de mayor complejidad, sin dejar de ejercer control, seguimiento y fiscalización.Además, el informe borrador enfatiza que la ley no amplía, restringe, modifica ni elimina la titularidad del Estado sobre los sectores estratégicos. Por el contrario, fortalece su régimen jurídico para asegurar que la explotación y gestión se realicen bajo principios de eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica.En relación con los derechos colectivos, en el informe se indica que el texto es claro en señalar que el fortalecimiento de la actividad minera no puede desvincularse del respeto pleno a la consulta previa, libre e informada. La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, ha señalado que el proyecto no afecta este derecho, sino que reconoce su importancia para construir una licencia social legítima y sostenible en el tiempo.Otro eje central de la reforma es combatir la minería ilegal y el uso indebido de figuras legales que han sido aprovechadas por redes de delincuencia organizada. El proyecto introduce ajustes para diferenciar claramente los regímenes mineros, fortalecer controles y asegurar que cada modalidad de explotación cumpla con su naturaleza y requisitos, reduciendo así los espacios para actividades ilícitas que generan graves impactos ambientales, sociales y económicos.En el ámbito eléctrico, las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica buscan garantizar que el servicio se preste bajo principios de obligatoriedad, eficiencia, universalidad, responsabilidad y regularidad, en coherencia con el mandato constitucional.El proyecto articula la minería y la producción de energía como pilares complementarios de un mismo eje estratégico: la estabilidad macroeconómica y la seguridad energética nacional. La generación de renta minera y la sostenibilidad del sistema eléctrico son vistas como fuentes clave de divisas, ingresos fiscales y competitividad productiva. Por ello, la propuesta del Ejecutivo no responde a cambios aislados, sino a una estrategia integral para fortalecer sectores estratégicos y sostener el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos esenciales.En cuanto a la seguridad, la reforma incorpora la figura de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica. Esta disposición prevé el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar personal e infraestructura crítica frente a la minería ilegal, el sabotaje y las ocupaciones ilícitas. El informe aclara que esta medida no responde a una política criminal general, sino a la necesidad de proteger la continuidad operativa de un sector estratégico, en un contexto de estrechez fiscal y amenazas a la producción legal.En el texto se señala que en las Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, en las que exista presencia de grupos criminales, las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, brindarán apoyo hasta neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de normalidad con los siguientes fines:Respecto de Galápagos, se plantea un ajuste específico: en la provincia solo podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y concesiones bajo el régimen de pequeña minería para la extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción, dentro de las zonas de aprovechamiento sustentable (ZAS), y fuera del área del Parque Nacional Galápagos. Además, se priorizarán criterios de economía circular, reutilización y optimización de recursos, y los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán emitir las ordenanzas correspondientes bajo supervisión de la autoridad nacional minera.En la normativa se establece un plazo de tres meses para que la autoridad ambiental nacional actualice el catálogo de proyectos, obras o actividades vinculadas a la fase de exploración minera y actividad minera.En síntesis, el texto para segundo debate sostiene que el proyecto no debilita la protección ambiental ni los derechos colectivos, ni modifica la propiedad estatal sobre los sectores estratégicos. Su objetivo, según el informe, es modernizar la normativa, fortalecer controles, combatir la minería ilegal y asegurar que la minería y la energía contribuyan de manera sostenible a la estabilidad económica y al bienestar de los ecuatorianos. (I)

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