Ni Iván Granda, secretario Anticorrupción del Gobierno; ni Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea; ni Pablo Celi, contralor subrogante, pudieron evitar –en sus exposiciones por la inauguración de las Jornadas por la integridad pública y lucha contra la corrupción– los mismos lugares comunes con respecto al despilfarro del dinero público: el primero, que la culpa es de la década correísta, que ya hay 22 exfuncionarios presos y 15 prófugos; el segundo, que una consecuencia es el 62% del desempleo; y el tercero, que las políticas para erradicar el mal uso de fondos estatales requieren de una acción coordinada de las autoridades de control.