Propuestas que no son parte de las atribuciones constitucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realizan varios candidatos a este organismo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un portal web para difundir las aspiraciones de los 43 ciudadanos que esperan obtener el voto ciudadano y llegar al Cpccs, tras los comicios de este 24 de marzo, en los que la idea en común es la de impulsar acciones en “participación ciudadana y lucha contra la corrupción”.

Pero otros van más allá de lo que la Carta Política vigente define en su artículo 208 sobre las doce atribuciones del Consejo.

Publicidad

Por ejemplo, Bernardo Cañizares habla de “mejorar la democracia con procesos electorales como consultas y plebiscitos”; Walter Gómez propone “vigilar el uso del subsidio eliminado” y “devolver el dinero incautado por GEA”, proveedora de seguros en la que tenía acciones el exsecretario presidencial Eduardo Jurado.

Carlos Mosquera contratará una “empresa extranjera que ayude a la justicia a detectar ilícitos y sancionarlos”, y otra que “rastree el dinero mal habido”.

Christian Cruz y Édison Gallegos quieren hacer que las “veedurías ciudadanas sean remuneradas”. En la actualidad, su labor es considerada ‘cívica’ y no tiene pago.

Publicidad

Carlos Pauta propuso quitar los “bienes a los que robaron para invertir el dinero en empleo, salud, educación, vivienda, créditos y producción”; Juan Dávalos dice “no a las privatizaciones”; Carlos Espinoza quiere “controlar a las autoridades”; José Tuárez aspira a “recuperar valores en favor de la familia”.

Otro candidato, Hugo Ludeña, creará una “Corte Internacional Anticorrupción”; Franklin Moreno expone instituir una “Comisión de lucha contra la corrupción que decomise bienes”, esto pese a que el Cpccs tiene una Secretaría de Lucha contra la Corrupción.

Publicidad

Karina Ponce enuncia la “muerte política a los corruptos”; Francisco Bravo habla de la “destitución de prefectos por desvío de fondos de las poblaciones rurales”; Jaime Chugchilán promueve el “no decomiso de herramientas de trabajo”.

Gina Aguilar quiere “enmendar el artículo 209 de la Constitución” para eliminar la participación del Estado en las comisiones de selección de autoridades; Teddy Tama va por “reformar la Ley de Participación Ciudadana”; Marcos Molina buscará “fortalecer el decomiso y remate de bienes ilícitos revirtiendo al pueblo para obras de interés social”.

Joba Fon Fay “defenderá los derechos ancestrales”; Marlene Montesinos “defenderá a la mujer y la familia violentada”...

El consejero electoral José Cabrera aclaró que el organismo electoral tiene “limitaciones” para controlar los mensajes o propuestas de los candidatos. “No les podemos decir ‘no puede decir esto’”. 

Publicidad

Facultades

Las atribuciones del Cpccs son doce. Entre ellas designar al procurador y a los superintendentes de las ternas propuestas por el presidente; y a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía y Contraloría; así como a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura; también promover la participación ciudadana e investigar y elaborar informes sobre denuncias de corrupción. (I)