40% de madera vendida en Ecuador tiene un origen ilegal

Al país le quedan 12’631.198 hectáreas de bosque nativo, un 51% de la superficie nacional, según los últimos cálculos del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE).

Las áreas protegidas, los bosques y vegetación protectores, las áreas delimitadas de patrimonio forestal del Estado y los predios que son parte del programa Socio Bosque abarcan el 53% de ese total.

El cambio de suelo para actividades agropecuarias es la principal amenaza que enfrentan los bosques nativos, seguida por la tala para la comercialización de la madera.

Durante el 2017 y el 2018 la Autoridad Ambiental Nacional realizó encuestas a 1.200 industriales involucrados en la actividad forestal. El resultado es que 4 de cada 10 tenían algún nivel de informalidad respecto a la compra de productos forestales o la falta de permisos para la operación de los centros, indica Jéssica Coronel, directora nacional forestal del MAE.

En las áreas que son parte del sistema nacional de áreas protegidas está prohibida la actividad forestal. Foto: Cortesía del MAE.

Es decir, el 40% de la madera que se comercializa a nivel nacional tiene un origen ilegal y un 60% “no es que tienen todo en regla, pero por lo menos están haciendo un intento por tratar de regularizar sus actividades y consumir madera de origen legal”, dice Coronel.

El primer paso para la legalización de la madera consiste en hacer la solicitud ante el MAE y luego elaborar un plan de manejo que es la zonificación del predio, cómo el usuario quiere manejar su territorio incluyendo las áreas donde está la chacra en el caso de los finqueros de la Amazonía.

El 53% de los bosques nativos del país tienen algún grado de protección. Foto: Cortesía del MAE. 

A ello se suma el plan de aprovechamiento que indica cómo se van a ir cortando los árboles y en qué tiempo.

Tras las inspecciones técnicas se otorgan los permisos. Uno de los requisitos principales es que la finca tenga el título de propiedad.

El 85% del recurso forestal que le queda al país está concentrado en las seis provincias de la Amazonía, en Esmeraldas y una parte de Manabí.

Coronel afirma que se debe cambiar la visión de incentivar la expansión de cultivos como cacao, café en zonas que tienen un potencial más forestal.

Un problema es que no hay líneas de financiamiento para el desarrollo de la actividad. Tras la primera evaluación forestal, un inventario de bosques presentado en 2013, se determinó, haciendo un cruce con los datos del INEC, que 130 de las 200 parroquias con mayores necesidades básicas insatisfechas están en áreas de bosque.

La diversificación de la actividad puede ayudar a frenar la tala con productos no madereros como el bambú y la tagua, según la funcionaria. (I)