Hasta el próximo 10 de diciembre tiene plazo el Ejecutivo para acoger o rechazar las observaciones que hizo la Asamblea a la proforma presupuestaria 2019. La revisión podría ser compleja, considerando que no existen los recursos suficientes, opinan analistas.

Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), el Gobierno al momento no tiene mucho margen de movimiento para realizar los cambios pedidos por la Asamblea a través de las 17 observaciones.

Para el experto, dichas observaciones son “precarias y elementales, sin solidez conceptual y alejadas de lo que dicta la Constitución”.

En vez de preocuparse por los temas que le corresponden como el cumplimiento de las reglas macrofiscales en torno a ingresos y gastos permanentes, y sobre la reducción de déficit primario, más bien lo que buscan es aumentar el gasto, lo que justamente elevaría el déficit, explicó.

José Hidalgo, director de Cordes, opinó que los asambleístas no han sido solidarios con la situación del país, ya que han reclamado más recursos, frente a una proforma que ellos mismos han dicho que está desfinanciada.

Consideró que si el Gobierno se ha comprometido a entregar el mismo presupuesto que tenía en 2018 para universidades (es decir unos $ 145 millones más), lo que deberá hacer es buscar de dónde recortar.

Para Hidalgo, esos recortes podrían ir del lado de sueldos y salarios, que en la proforma original casi no tuvieron ningún ajuste y también del lado de bienes y consumo.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, había mencionado el jueves, antes del trámite de la proforma, que es importante impulsar un debate serio en torno a la eficiencia energética y anunció que el Gobierno buscará mecanismos para evitar que los subsidios beneficien a aquellos que más tienen.

Asimismo, resaltó la importancia de poner sobre la mesa mecanismos y decisiones que brinden sostenibilidad a la seguridad social en el Ecuador. El ministro aseguró que la situación fiscal es insostenible. (I)