Para las 20:50 de ayer estaba previsto que la Comisión Ocasional encargada de revisar la información sobre la muerte del general Jorge Gabela apruebe el informe final que contiene 17 conclusiones, en el que se destaca la posible existencia de un “crimen de Estado”.

A esa conclusión se llega tras el análisis de hechos como las fases precontractual y contractual de la compra de los siete helicópteros Dhruv para uso de la FAE, el juicio político al exministro de Defensa, Javier Ponce (quien finiquitó la compra); los informes de auditoría hechos por la Contraloría del Estado a esa compra, hasta el trabajo del Comité Interinstitucional creado por Rafael Correa para investigar el asesinato de Gabela en el 2010.

En el caso de las recomendaciones, que son diez, se plantea a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que investigue las cuentas de casi 70 funcionarios y exfuncionarios que participaron en la compra, en la investigación del asesinato, y en el comité de Gobierno.

El primer nombrado es Rafael Correa, exministros como Fernando Cueva, María Fernanda Espinosa, ahora presidenta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ledy Zúñiga, Lenin Lara, José Serrano, legislador actual de AP; el excontralor, Carlos Pólit (prófugo de la justicia) por su implicación en el caso Odebrecht, y otras decenas más de colaboradores del régimen anterior.

El informe pasará a conocimiento del pleno.

Resolución sobre funcionario

La Asamblea Nacional resolvió llamar al pleno al secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, para que explique los supuestos cobros indebidos efectuados a clientes de la banca por parte de la compañía GEA-Ecuador, de la cual es socio.

La comparecencia aprobada por 84 votos debe realizarse en 15 días, en la que además debe informar sobre su relación con empresas offshore.

Entre tanto, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pidió a la Fiscalía que indague sobre mensajes intimidatorios que recibió en su celular el miércoles a las 20:00. (I)