La comisión multipartidista que procesó la denuncia de Fabricio Villamar (CREO) recomendó destituir del cargo a Norma Vallejo (AP) por comprobarse que incurrió en la prohibición de los legisladores para gestionar cargos públicos.

En el informe se habla también de que Vallejo actuó como recaudadora de fondos de sus subalternos para supuestamente destinarlos a una organización política bajo la amenaza de la pérdida del cargo.

El informe concluyó que Vallejo gestionó un cargo público en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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Las actividades que se detectaron en el proceso de investigación están prohibidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el documento se deja constancia de que la acusada no acudió a la comparecencia fijada para el 23 de octubre pasado. A través de su abogado presentó un escrito, en el que hace alusión a la Constitución en la que dice que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal; y recordó que en la Fiscalía se encuentra abierta la investigación previa Nº 175-2018-DRR en su contra. (I)