El contralor general subrogante Pablo Celi, mediante oficio del 19 de octubre, notificó al Ministerio del Trabajo el pedido de destitución del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, debido a que el organismo de control determinó responsabilidades administrativas en varios procesos de contratación relacionados con obras en el sector de La Manga del Cura.

Los auditores detectaron, por ejemplo, el pago de $ 763.123 por servicios que habían sido cancelados en otros procesos, contrataciones con la figura de emergencia sin los sustentos legales y falta de documentos en la información sobre adjudicaciones.

Celi solicita al ministro Raúl Ledesma que “se registre el impedimento para ejercer funciones públicas” en contra de Zambrano.

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También argumenta que la Ley de Servicio Público dispone la “inhabilidad especial” para ejercer cargos públicos a “quien hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos asuntos”.

Según la Contraloría, además de la destitución se le impuso una multa de 7.500 dólares.

Zambrano podría apelar, pero mientras no se resuelva el caso la destitución se mantendría en firme. Si logra desvanecer las responsabilidades podría recuperar el puesto. (I)