En cinco meses avanzó el caso Balda, que obliga a Rafael Correa a volver a Ecuador

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En cinco meses avanzó el caso que obliga a Correa a volver al país
QUITO. Fernando Balda (segundo desde la izquierda) en la audiencia de vinculación a exjefes de la Policía y de la Senain.
En cinco meses avanzó el caso que obliga a Correa a volver al país
Fácsimil de documentos que indican cheques pagados de la Secretaría Nacional de Inteligencia y que constan en informe de la Contraloría General del Estado.
En cinco meses avanzó el caso que obliga a Correa a volver al país
Tuit de la cuenta de Rafael Correa. La red social sigue siendo un fuerte vehículo para las comunicaciones del exmandatario.
25 de Junio, 2018
25 Jun 2018
Quito -

El secuestro de Fernando Balda en Bogotá, el 13 de agosto de 2012, duró menos de una hora, según testimonios recabados por la justicia colombiana, y tres años más tarde, sentenció a cinco personas. Pese a este proceso en Colombia y a las denuncias ante la Fiscalía ecuatoriana, entonces a cargo de Galo Chiriboga, el caso pasó inadvertido en Quito hasta que en enero de este año fue reabierto por el fiscal Carlos Baca.

Balda desde el principio insistió en que la autoría intelectual correspondía al presidente de ese tiempo, Rafael Correa.

En 2006 Balda era parte de Alianza PAIS. Tras desacuerdos se fue a Sociedad Patriótica y luego hizo su camino en la oposición más radical al correato. Eso le valió un juicio por injurias y huyó a Colombia.

Desde su residencia en Bogotá, desde el 2010, empezó a hacer contactos con políticos colombianos de derecha, cercanos a Álvaro Uribe, y mantuvo su relación con los opositores a Correa. A partir de entonces la Secretaría de Inteligencia (Senain) resolvió seguir sus pasos. Y, de acuerdo con los documentos y versiones del proceso, se le encargó esa tarea al agente de policía Raúl Chicaiza.

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En su declaración a la Fiscalía, Chicaiza admitió que se infiltró en el círculo de Balda. El 9 de mayo de 2012, en una convención organizada por los partidarios de Uribe, en Medellín, se hizo pasar como representante de una organización no gubernamental y dueño de una empresa de seguridad. Se presentaron, conversaron y entablaron una relación de supuestas coincidencias políticas y eventuales negocios. Le mostró interés en equipos de espionaje electrónico que le ofreció Balda. Tuvieron conversaciones hasta el día del secuestro.

A la par, el agente necesitaba dinero. De acuerdo con los informes de la Senain y versiones en la Fiscalía, de la cuenta de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, el 7 de junio se giraron dos cheques para las operaciones en Colombia por $ 10.000 y $ 11.280.

El 13 de agosto, los dos visitaron a un posible cliente en Bogotá. Tras despedirse, cerca de las 20:30, Balda fue interceptado por sus captores, que lo metieron a la fuerza a un jeep.

Según Balda, al ver el forcejeo unos taxistas llamaron a la Policía y se armó un operativo. Hubo una persecución de minutos y los captores tiraron a Balda en la vía. Los policías tenían casi acorralado al vehículo que se desvió por la maleza. Todos fueron detenidos.

En Ecuador, la noticia pasó como una anécdota con final feliz de un político opositor. Ni el Gobierno ni la Fiscalía hicieron algo al respecto.

Sin embargo, Chicaiza temía por su integridad y la de sus compañeros de misión. El proceso contra los secuestradores en Colombia lo podría involucrar como autor intelectual del plagio y empezó a buscar garantías con ministros y con el propio Correa.

Según su confesión, al principio le ofrecieron protección, pero luego ni le contestaban sus pedidos de audiencia. Eso lo llevó a escribirle en 2015 cuatro cartas al presidente, en las que le insiste en la urgencia de resolver su situación antes de que el tema estalle e involucre a más personas. No tuvo respuesta.

La Senain, que incluyó el nombre de Chicaiza en varios de sus informes ante Contraloría y que ordenó el pago de los dos cheques en junio del 2012, tampoco le contestó.

Pasaron tres años y Carlos Baca llamó a Balda (enero del 2018) para que reconozca su firma en la denuncia que había puesto años atrás. Y se abrió la fase de investigación previa.

El 17 de marzo de este año, Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza fueron detenidos acusados de asociación ilícita y plagio. Al día siguiente se abrió la instrucción fiscal.

En mayo, la Fiscalía –ya con Paúl Pérez al frente– resolvió vincular al excomandante de la Policía Fausto Tamayo (quien ya está detenido por el caso de pases policiales) y al exsecretario de Senain Pablo Romero.

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El 18 de junio se vinculó a Correa con 13 elementos de convicción; entre los que se cuentan varias versiones –como la del también extitular de la Senain Rommy Vallejo– que sostienen que el expresidente supo y dispuso un seguimiento a Balda. Para el Ministerio Público, el dinero de los cheques también prueba la participación de entes que estaban bajo órdenes del exmandatario.

Chicaiza y Falcón se acogieron a la cooperación eficaz, que es la delación de los ilícitos a cambio de rebaja de la pena. Espinoza y Tamayo pelean por que se les declare inocentes; Romero dice que no supo de ninguna operación contra Balda y Correa se dice perseguido político y jura que nunca supo del caso ni recibió las cartas del agente enviado a Bogotá. Ahora tiene una orden judicial para presentarse cada 15 días en la Corte Nacional desde el 2 de julio. Su exjefe de Inteligencia, quien vive en España, tiene orden de prisión preventiva y un proceso de extradición en contra. Correa no descarta pedir asilo político en Bélgica; Romero ya lo hizo a España.

Cartas según el proceso en Ecuador

Reclamo por falta de ayuda
Carta del 23 de septiembre de 2015 suscrita por el agente de Inteligencia Raúl Chicaiza. En lo medular informa sobre el proceso penal que se desarrolla en Colombia y solicita que se realicen las gestiones para solucionar el problema. En el documento, el agente reclama porque no se ha hecho nada en un caso en el que se involucró por cumplir órdenes superiores.

Actividades ordenadas
Carta del 10 de noviembre de 2015 suscrita por el agente de Inteligencia Raúl Chicaiza. Expresa su lealtad al presidente, agradece el apoyo político e institucional y dice: “Señor Presidente, la pregunta lógica es que si las actividades que se realizaron sobre el ciudadano Fernando Balda en Colombia no eran de inteligencia ni de contrainteligencia ni para protección interna y el mantenimiento del orden público y la defensa nacional, por qué estuvieron autorizadas, ordenadas, financiadas y controladas por las instituciones del Estado”. Insiste en que se le ayude en el proceso en Colombia.

Reclamo de otra agente
Carta del 12 de octubre de 2015 suscrita por la agente de Inteligencia Diana Falcón. Dirigiéndose al “señor presidente constitucional” le señala que las organizaciones de Inteligencia trabajan de manera “compartimentada”; es decir, que sus miembros no conocen las actividades de los demás. En este caso, dice, se le encargó verificar la integridad física de Raúl Chicaiza y verificar que los informes se apeguen a los hechos. Reclama que está involucrada injustamente en un tema manejado institucionalmente y que no se hace nada para arreglar su situación.

‘Operación de Gobierno’
Carta del 15 de diciembre de 2015 suscrita por el agente de Inteligencia Raúl Chicaiza. Reclama que el entonces presidente del Ecuador ordenó a sus funcionarios de alto nivel prestar atención a su caso que podría involucrarlo a él directamente, porque fue una operación de Gobierno y no se ha hecho nada.

Pedido de una solución
Carta del 29 de diciembre de 2015 suscrita por el agente de Inteligencia Raúl Chicaiza. Solicita se le dé respuesta a este problema conocido por el Estado “para la salvedad de la paz y armonía” del país, por lo que, señala, “acudimos ante usted”. (I)

En cinco meses avanzó el caso Balda, que obliga a Rafael Correa a volver a Ecuador
Política
2018-06-25T00:22:20-05:00
En proceso reactivado en Ecuador constan cinco cartas enviadas al entonces mandatario.
El Universo