Tras ocho meses de trabajo, los auditores de la Contraloría concluyeron el examen especial a la deuda pública contratada entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Las observaciones y recomendaciones provocan expectativa no solo por las probables responsabilidades civiles (glosas), administrativas (multas y destituciones) o penales (delitos) de los funcionarios involucrados, sino por sus consecuencias sobre los planes económicos del Gobierno.