La Contraloría General del Estado (CGE) detectó ocho irregularidades en los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación efectuados por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para los enlaces ciudadanos realizados por el gobierno de Rafael Correa entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.
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El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que origina la investigación de carácter reservado, aparentemente rastrearía las operaciones económicas de empresas e ingresos relacionados a Vinicio y Fernando Alvarado.
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La parte de la corrupción pública comprobada en 2017 ratificó la sospecha: la voracidad del gasto público se da no solo por la revancha que inspira a políticos vengadores o por el deseo de dominación por compensación que inspira a la burocracia, sino también por la codicia que rompe principios y elimina todo vestigio de buena intención en el justicialismo y bien público que pregonan.
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La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a través de un comunicado, informó que acogió las recomendaciones que la Contraloría General del Estado (CGE) hiciere en el examen especial a las operaciones administrativas y financieras, de entre el 13 de noviembre de 2013 y el 31 de agosto de 2017.
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Los exministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera aseguraron ayer a través de un comunicado que acudirán a instancias administrativas y judiciales tras el pronunciamiento de la Contraloría que los ha glosado por $ 77,2 millones en el caso de pago del 40% de las pensiones del IESS con bonos del Estado.
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