Las 21 personas que sean postuladas por el presidente Lenín Moreno para ocupar una vocalía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de Transición, no estarán obligadas a cumplir los requisitos y prohibiciones que establece la Ley Orgánica que rige al organismo.

Con la aprobación de la pregunta tres del referéndum del 4 de febrero en su numeral tres se dispuso que este ente transitorio esté integrado por siete vocales provenientes de ternas remitidas del presidente de la República, Lenín Moreno, y designados por la Asamblea.

Apenas sean enviados estos nombres (tres personas por terna), los legisladores tienen 20 días para nombrarlos; de lo contrario, asumirán quienes ocupen el primer lugar.

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En el anexo de esta pregunta el mandatario no incluyó el cumplimiento de requisitos o prohibiciones legales para sus aspirantes, por lo que su postulación no podría ser cuestionada. Aunque en su espacio ‘El presidente informa’, del 5 de febrero pasado, alertó que recibirá los nombres de ciudadanos que “no tengan vinculación con partido y movimiento político alguno, que demuestren experiencia y honestidad”.

Se comprometió a no “cometer los errores del pasado”, pues “vamos a garantizar, honestidad, independencia y pluralidad”, recalcó.

Ahora, la ley del CPC establece en los artículos 20 y 21 que los postulantes a ser consejero deben cumplir requisitos como ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación, ser mayor de 18 años, y acreditar probidad notoria.

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Y entre las trece prohibiciones está no hallarse en interdicción judicial, haber recibido sentencia ejecutoriada, haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos dos años, no adeuden pensiones alimenticias, y otras más.

El legislador Roberto Gómez (CREO), miembro de la comisión legislativa que plasmará los cambios establecidos en la consulta popular y referéndum, opinó que el jefe de Estado debe contemplar en sus ternas los requisitos que “el pueblo aprobó en la consulta para los consejeros definitivos”. Es decir, acreditar trayectoria en organizaciones sociales, y no ser afiliados a grupos políticos. (I)