Los procesos de contratación pública en Ecuador, y particularmente aquellos en los que participó la constructora brasileña Odebrecht, están siendo analizados por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) desde hace dos meses.
A través de un comunicado, la institución informó que en el marco de esa investigación se ha convocado a varios funcionarios públicos y privados para que informen sobre ese caso, entre ellos al personal de las compañías Acciona y Odebrecht, que juntas formalizaron un consorcio para la construcción del Metro en Quito.
El boletín refirió que también se ha pedido información a la Municipalidad capitalina.
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El asambleísta Fabricio Villamar (CREO-SUMA) acudió ayer a la Superintendencia para solicitar, a través de un oficio, el inicio de investigaciones a fin de determinar si las prácticas de la empresa Odebrecht y de varios funcionarios públicos estaban en contra de la ley.
“Que si una empresa normal para poder desarrollarse tiene que invertir, tiene que ampliar mercados, tiene que innovar, y otra empresa, en cambio, lo que hace es corromper funcionarios resulta que al final es mucho más rentable para las empresas corruptas corromper funcionarios que hacer que progrese el país”, expuso el legislador Villamar.
No obstante, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado aclaró a través de su comunicado de prensa que ya había iniciado el proceso investigativo “de oficio”.
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El superintendente Pedro Páez explicó al canal Ecuavisa que en caso de que se determine que la constructora brasilera mantuvo prácticas que van “en contra del libre mercado”, podría implicar una multa de hasta el 12% de las ventas brutas anuales de dicha empresa. (I)
