Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones, dijo esta mañana que el proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, que fue enviado por el expresidente Rafael Correa a la Asamblea Nacional, tiene dos connotaciones: técnico-jurídica y política.

“Yo creo que es un proyecto hecho por el expresidente Correa en el último día de su mandato, y diseñado desde su lógica de enfrentamiento con todos los ámbitos de comunicación e información (...) creo que el nuevo presidente (Lenín Moreno) y su equipo debe analizarlo porque tiene una connotación altamente política", señaló.

Desde lo técnico-jurídico, el proyecto adolece del más mínimo entendimiento de cómo funciona el internet, es decir, que el mismo "está en todos lados, pero no está en ningún lado", indicó. A juicio de Solines, no sirve de nada tener una regulación local estricta si es que los servidores están pasando desde otra jurisdicción.

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La semana pasada, a pocas horas de que el exjefe de Estado culmine su mandato remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet. Ayer, el Legislativo solicitó un alcance sobre el objetivo del mismo.

El artículo 1 señala que "la presente ley se aplicará a las empresas proveedoras de servicios, que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de internet, o tecnologías de similar naturaleza, que permitan a los usuarios compartir contenido con otros, o difundirlo públicamente; y que alcancen los 100 mil usuarios registrados de la República del Ecuador".

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Según Solines, el proyecto está diseñado para sacar del aire ciertos contenidos que pueden ser incómodos a actores públicos, funcionarios o instituciones públicas, y no para el común de los ciudadanos. Consideró que ahí se comienzan a “desenmascarar las verdaderas intenciones”.

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"Un órgano ecuatoriano, y más aún administrativo y político, pueda decir: ¡suspéndame ese servicio, sáquese ese contenido del aire!, es simplemente absurdo y da paso a un tema que puede ser muy preocupante: que se les obligue a los intermediarios, que son los que ofrecen el servicio, a monitorear o vigilar", dijo.

Para el experto en telecomunicaciones, este es uno de los tantos intentos del exmandatario Rafael Correa por regular las redes sociales. Afirma que primero fue con la Ley de Comunicación cuando se intentó incluir a las plataformas tecnológicas; y, segundo, con la Ley de Telecomunicaciones, en la parte de neutralidad tecnológica, que -a su criterio- "no puede ser una norma administrativa que determine que un contenido es ofensivo o ilegal".

Solines asegura que ante este proyecto debe respetarse la intimidad personal y familiar, la protección de datos personales, libertad de expresión y de información. (I)