Con la difusión del caso ‘Panama Papers’ salieron a relucir varios nombres de funcionarios y exfuncionarios públicos de Ecuador, que estarían involucrados en en presuntos hechos de corrupción en Petroecuador.

Parque Samanes

4 de febrero

El presidente de la República, Rafael Correa, ordenó al Ministerio de Finanzas debitar de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), $ 41 millones que -según dijo- fueron pagados en exceso por la compra de 220 hectáreas de terreno para la construcción del Parque Samanes, en Guayaquil, realizada en 2008 por el Ministerio del Ambiente, cuya responsable de la cartera de Estado en esa época era Marcela Aguiñaga, quien luego pasó a ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

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El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que la exministra de Ambiente y ahora luego legisladora de Alianza PAIS (AP) aceptó pagar $ 48 millones por los terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) porque “se vio un poco presionada por el Gobierno”, que insistía en tener un Parque en Guayaquil. Todo ello provocó el malestar y pugna entre los militares en servicio pasivo y activo con los oficialistas, llevando así la disputa a movilizaciones en las calles. El débito se realizó el 10 de mayo.

Panamá Papers: repercusiones en Ecuador

5 de abril

Con la difusión del denominado caso 'Panama Papers', que vio la luz el pasado 3 de abril, salieron a relucir varios nombres de funcionarios y exfuncionarios públicos de la actual administración de Ecuador, entre ellos Pedro Delgado, expresidente del Banco Central; Galo Chiriboga, fiscal general, quien negó tener cuentas bancarias en paraísos fiscales, pero admitió que había iniciado el proceso de cierre de una firma panameña que es dueña de su casa en Quitoc.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, descartó que funcionarios del Gobierno tengan que ver con el tema, el presidente Rafael Correa instó a los 6 periodista ecuatorianos que participaron en la investigación a entregar la información, lo que fue negado por el Consorcio Internacional, mientras que la Fiscalía allanó una consultora con supuestos vínculos con Monsack Fonseca. (I)

Caso Capaya

6 de junio

Se reveló que el primer contrato de venta anticipada de crudo entre Petroecuador y Petrochina International Co. Ltd. formaba parte de los archivos de Mossack Fonseca, cuya filtración son los Papeles de Panamá. Petrochina adelantó al Ecuador $ 1.000 millones a dos años plazo y a 7,25% de interés anual. Según informe de Contraloría DA3-0015-2012, en este contrato la estatal petrolera dejó de recibir por lo menos $ 34,45 millones.

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El caso investiga los presuntos hechos de corrupción en Petroecuador. Se han abierto 16 procesos de investigación, informó el 30 de noviembre la Fiscalía, que señala que entre las causas penales están: ocho por enriquecimiento ilícito, tres por delincuencia organizada, dos por lavado de activos, una por cohecho, otra por perjurio y uno final por peculado. Se han realizado allanamientos e incautaciones, entre ellas unos $ 300 mil en fajos ordenados y escondidos en cajones de doble fondo y hasta en los tumbados.

80 personas han sido investigadas en total, 24 personas están siendo procesadas, cinco de las cuales mantienen prisión preventiva. Por enriquecimiento ilícito en procesos distintos son investigados Álex Bravo, exgerente de Petroecuador quien se encuentra detenido; y Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, quien está prófugo fuera del país; además, otro de los casos por enriquecimiento ilícito se sigue contra otras 19 personas, entre ellas Arturo E., exasesor de Pareja Yannuzzelli, y otros tres procesos en los que son indagados Marcelo R., Michael M., Silvana S., y Juan M..

Pases policiales

31 de octubre

Se dicta sentencia contra 15 procesados (dos autores y 13 coautores), entre ellos al excomandante de la policial general Fausto T. y al teniente Alexis C., a 13 años y tres meses de pena privativa de libertad, como autores del delito de delincuencia organizada en el caso Pases policiales, donde se investigó una presunta venta de 1.317 pases irregulares en la institución, entre el octubre del 2014 y 2015, por costos de entre $ 900 y $ 1.500. 

Nueve efectivos fueron condenados a 9 años y tres meses de prisión, y tres más a diez meses, porque dieron colaboración eficaz a la Fiscalía. Mientras una ciudadana civil, María Teresa B., madre de Alexis C., a cinco años de cárcel. Además, cinco recibieron un dictamen de abstención y dos un dictamen mixto; otros cuatro ya habían recibido sentencia anteriormente.

En septiembre, el excomandante T. involucró a trece altos funcionarios de entidades que habrían gestionando pases policiales. El presidente Rafael Correa señaló que no existe problema en que los funcionarios públicos pidan pases policiales porque no es delito y se lo ha hecho por razones humanitarias. También la secretaria de la Política, Paola Pabón, intervino para rechazar el involucramiento de funcionarios públicos.

 

Pago por frecuencias

11 de noviembre

La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) transmitió en varias estaciones de radio la voz de un hombre que repitió por cuatro ocasiones que el concurso que realizan la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) es "absolutamente transparente", e indicó que  los presuntos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía del Estado son un tema "aislado".

Esto, ante las denuncias y posterior investigación por parte de la Fiscalía, de un presunto delito de asociación ilícita que involucraría a un exasesor del vicepresidente de la República, Jorge Glas, y que fue elegido como consejero principal en el Cordicom, Marcos P., quien presuntamente pedía hasta $ 200.000 para otorgar una frecuencia, como apoyo para la campaña electoral, según el expediente. También estarían Tulio M., gerente de un medio de Manabí, y Diego A. (amigo del cantante de música popular Gerardo Morán).

Ello consta en la versión libre y voluntaria que rindió el 10 de octubre, la secretaria de la Gestión Política, Paola Pabón, y el vicepresidente de la República, Jorge Glas (7 de octubre), por “calumnias”, ante la Unidad de Investigaciones Previas de Pichincha, dentro de la denuncia presentada.

Presunto peculado de Miduvi

24 de noviembre

Agentes de la Policía Juidical allanaron las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Portoviejo para recabar información sobre un presunto delito de peculado por un monto de $ 1’117.984, que se indaga en esa cartera de Estado. Se encontró un documento que se presume podría ser falsificado.

Luego la Fiscalía de Manabí emprendió una investigación por un supuesto uso doloso de documentos en el interior del Miduvi en la provincia. (I)

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