FAO aplaza asunción de funciones de exprimera dama peruana

Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, no podrá asumir su cargo como directora de la oficina de enlace en Ginebra de la FAO, ya que está sujeta a una investigación fiscal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) lo informó el lunes y agregó que el aplazamiento del inicio de sus funciones se mantendrá por tiempo indeterminado debido a que un juez peruano le ordenó regresar a Lima bajo pena de encarcelarla

La esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) es investigada a nivel fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

En una nota informativa enviada a AP, la FAO añadió que esta medida se debe a “los desarrollos procesales que tienen actualmente en Perú.” No especificó por cuánto tiempo se aplazará su asunción de funciones.

El organismo dejó en claro que nunca quiso intervenir en cuestiones judiciales de Perú y “que debe seguir rigiendo el principio básico de la presunción de inocencia de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.”

El viernes, el juez local Richard Concepción ordenó a la exprimera dama retornar a Lima antes del 5 de diciembre. De no hacerlo, Heredia podría enfrentar prisión preventiva.

El nombramiento de la exprimera dama en el cargo ocurrió el 21 de noviembre. Según la defensa legal de Heredia, ella avisó personalmente al juez y al fiscal de su viaje a Europa para asumir el cargo e incluso les mostró los boletos de viaje.

El expresidente Ollanta Humala dijo el viernes a la prensa que existe presión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para interferir en el trabajo del poder judicial y “podría ser que se vea que en Perú habría una persecución política”.

Heredia no tiene prohibido viajar fuera del país, pero un fiscal la investiga desde 2015 por el presunto delito de lavado de activos debido a unos presuntos ingresos no justificados por miles de dólares que se habrían usado para las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011. Hasta el momento, el fiscal no la ha acusado ante un juez por el supuesto delito.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, el dinero que investiga presuntamente fue enviado por el gobierno venezolano del entonces presidente Hugo Chávez entre 2005 y 2006, y por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en 2011. El lavado de activos se castiga en Perú con una pena que va entre ocho y 25 años de prisión. (I)