Una vez entregado al Consejo de Administración Legislativo (CAL) el informe que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional hizo sobre la investigación de inversiones en paraísos fiscales revelados por los Papeles de Panamá, el caso ahora depende de la máxima instancia legislativa, dijo esta mañana el titular de la comisión Mauro Andino.

El informe lo concluyó la comisión la segunda semana de agosto. Andino indicó este martes que la investigación se realizó fundamentada en documentos entregados por diferentes instituciones del Estado como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos.

En ellos se pudo determinar inconsistencias en las declaraciones juramentadas de bienes del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga; el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli; el gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde; y su antecesor Álex Bravo, quien está detenido. Por ello, se solicitó al Consejo de Administración Legislativo (CAL) evaluar un juicio político, de ser procedente, sin perjuicios de los exámenes especiales pedidos a la Contraloría.

El informe incluía un listado de 12 personas que podrían estar vinculadas al caso de Álex Bravo. De ellas, diez están identificadas como funcionarios de la estatal petrolera.

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En el documento se solicitó a Contraloría una auditoría a Galo Chiriboga, Carlos Pareja Yannuzzelli, Pedro Merizalde y Álex Bravo.

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La auditoría incluía al exgerente de la Unidad de Negocios Gensur Wilson López Merino; el exasesor de Petroecuador, Arturo Domínguez Escobar; el excoordinador jurídico de Petroecuador, Marcelo Reyes López; el exsubgerente de Servicios Generales de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Juan Vinelli Aguirre, y su hijo Alejandro Vinelli Ayala, quien también trabajó en la CFN; el exasesor de El Telégrafo Esteban Uribe Cabrera; la exjefa de contratación de Petroamazonas, María Córdova Misas; y el exasesor de la Prefectura del Guayas, René Vivar.

Las acciones legales solo se han seguido hasta el momento, por parte del Ejecutivo, en el caso de Álex Bravo por presunto tráfico de influencias y luego por presunto enriquecimiento ilícito.

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Detenidos

El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, presentó varias denuncias a la Fiscalía sobre los contratos entre la empresa TecniAzul y el exgerente de Petroecuador, Álex B., y afirmó que existen muchos depósitos adicionales efectuados en bancos suizos y chinos a compañías vinculadas a paraísos fiscales.

Sobre esta denuncia, Andino dijo que se evidenciaron adjudicaciones de contratos a familiares de funcionarios públicos de segundo nivel y del propio Álex B., y por esto la investigación se amplió a ochos funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos que están relacionados estrictamente con el exgerente de Petroecuador. Pidió a la Contraloría y al SRI indagar a estas personas.

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Hasta el momento, la Fiscalía ha detenido a tres personas: Álex Bravo (en mayo), exgerente de Petroecuador, y a Javier B. y Jaime B., accionistas de la empresa proveedora de bienes y servicios estatales Oil Services & Solutions (OSS), por enriquecimiento ilícito.

La comisión de Justicia de la Asamblea Nacional cerró la investigación del caso 'Papeles de Panamá' con un informe, aprobado con ochos votos de los asambleístas de Alianza PAIS, donde se formularon recomendaciones sobre los funcionarios públicos investigados, la banca privada, las universidades y los ciudadanos en general.

Regulaciones

Universidades privadas

Respecto a las universidades privadas que no reciben cofinanciamiento del Estado y que tienen contratos con empresas constituidas en Panamá o en paraísos fiscales, cuyos dueños se presume sean sus propios directores o los familiares de estos, Mauro Andino señaló que es una contradicción a la Constitución y las leyes ecuatorianas porque en ellas se establece que las universidades deben ofrecer un servicio público y sus excedentes deben invertirse en investigación e infraestructura.

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Consideró necesario y oportuno reformar algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior para que el Consejo de Educación Superior (CES) tenga la facultad de fiscalizar el manejo de recursos en estos centros educativos.

Banca privada

Andino indicó que se solicitó un seguimiento al proceso de desinversión de las instituciones financieras en paraísos fiscales para que no existan triangulaciones que busquen evadir los controles de la Superintendencia de Bancos. (I)